Svoboda-Climent in the media / en la prensa

Thursday, November 25, 2004

BLASCO EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS.

ASOCIACIÓN VALENCIANA

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS

HUMANOS, MEDIOAMBIENTALES Y

EN CONTRA DE LOS ABUSOS URBANISTICOS

(Abusos Urbanisticos No)

aun@abusos-no.org

CIF: G-53712766

Buzon 24, Urb. Bellavista

03720 BENISSA (ALICANTE)

Telf: 96.649.7879

COMUNICADO A LA PRENSA

Benissa, 25 de noviembre de 2004

BLASCO EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS.

Tratando de desactivar el clamor nacional e internacional contra los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, el conseller de Territorio y Vivienda, D. Rafael Blasco, se ha dirigido a los cónsules de varios países europeos para proclamar las bondades del régimen urbanístico valenciano, asegurando que no hay discriminación alguna contra los ciudadanos extranjeros, y que si hay algún problema, es por culpa del gobierno central.

La plataforma Abusos Urbanísticos NO (AUN) desea hacer las siguientes puntualizaciones:

  1. Por segunda vez en seis meses, el Síndic de Greuges se ha visto obligado a realizar un informe especial sobre el urbanismo valenciano, para dejar claro que el anteproyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV) sólo recoge cinco de sus recomendaciones, mientras que rechaza cuatro de ellas, y acepta sólo de forma parcial otras cuatro.

  1. Las recomendaciones del Síndic de Greuges suponen el mínimo indispensable para defender de forma adecuada los intereses de los afectados. Ello implica que la LRAU actualmente en vigor pisotea los derechos de los propietarios afectados, como es cada vez más público y más notorio. Dado que en la nueva legislación se rechazan total o parcialmente ocho de las trece recomendaciones del defensor del pueblo valenciano, está claro que esta legislación tampoco protegerá a los afectados por los procesos de urbanización. Por cierto, que la inmensa mayoría de las quejas recibidas por el Síndic de Greuges provienen de ciudadanos españoles.

  1. Por muchas cortinas de humo que se quieran seguir lanzando, mantienen plena vigencia las conclusiones del Informe del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, y la carta de diecisiete embajadores comunitarios sobre la misma cuestión.

  1. Sorprende que, siendo el urbanismo una competencia exclusiva de la Comunidad Valenciana, se eche la culpa de la situación a las leyes nacionales. Léase el informe del Síndic y se verá cómo otras comunidades autónomas regulan el urbanismo sin provocar abusos y sin distorsionar el concepto de interés público.

  1. El conseller pretende reducir el problema a la falta de información a los afectados, con lo que la solución sería informarles de manera adecuada. Sin embargo, se trata sólo de una parte del problema, que, aun siendo muy importante, no es la fundamental.

  1. Sigue sin respetarse ni la legislación europea ni la española sobre contratación pública. Se aprueban presupuestos desorbitados, sin posibilidad de control por el ciudadano “beneficiario” que es el que al final ha de pagarlos. Ello supone un auténtico incentivo a la depredación del territorio y del patrimonio de los afectados, porque el terreno sale prácticamente regalado y no hay forma de controlar los costes de urbanización. Pese a los retoques cosméticos, mantienen plena vigencia los argumentos de la denuncia contra la LRAU que presentamos en julio ante la Comisión Europea por violación de la normativa comunitaria sobre contratos públicos.

  1. Otros problemas que subsisten son: el Agente Urbanizador continúa siendo el beneficiario absoluto de la ley, sigue la puerta abierta a los abusos en la valoración del suelo a efectos de retribución de los costes de urbanización, las garantías exigidas al urbanizador siguen siendo insuficientes, sigue sin controlarse la solvencia de los urbanizadores, generalmente empresas creadas a tal fin con capitales exiguos, sigue sin haber audiencia pública a los propietarios del suelo antes del desarrollo de cualquier programa, las cesiones obligatorias de terrenos continúan siendo aleatorias, sin que existan criterios objetivos, y también sigue sin haber criterios objetivos para definir la utilidad pública o el interés social que justifican los programas de actuación.

  1. Ya esta bien de esgrimir el argumento de la discriminación contra ciudadanos extranjeros, que nunca hemos denunciado desde nuestra plataforma. Lo que denunciamos es el desprecio total de los derechos de los afectados por los procesos urbanísticos, españoles y extranjeros, con independencia de su nacionalidad.

  1. Por mucho que se empeñen en jugar con las palabras, las víctimas de los abusos urbanísticos no somos “beneficiarios” de la actividad urbanizadora. Ya nos gustaría dedicar nuestro tiempo a disfrutar de tales “beneficios”. Seguimos siendo afectados y víctimas mientras no se derogue la LRAU y se modifique sustancialmente la LUV.”

  1. Basta ya de propaganda y de buenas palabras. Los embajadores comunitarios se dirigieron en 2002 al entonces presidente Olivas para denunciar la situación, y nada se ha hecho para atajar los abusos. Exigimos soluciones ya.

Charles Svoboda Enrique Climent Laguarda

Presidente Vicepresidente