El arquitecto y las patatas

Levante 9 de julio de 2005

CHARLES SVOBODA Y ENRIQUE CLIMENT - ABUSOS URBANISTICOS NO

Don Gerardo Roger, arquitecto y profesor de Urbanismo, está en su perfecto derecho de defender la LRAU, aunque sólo fuera porque la impulsó desde su puesto de director general de Urbanismo en el Gobierno valenciano hacia 1994. Desde entonces, se ha manifestado como uno de los más cualificados defensores de la ley valenciana, y con ese bagaje carga contra el supuesto y desmesurado afán de lucro de los propietarios de suelo rústico, ya sea un patatar o una casa en el campo, a los que hace responsables del encarecimiento del suelo, y por tanto de las viviendas.

Nada dice el Sr. Roger acerca de que el dueño del patatar, o del huerto de frutales, o de una casa de campo, quiera, precisamente, que su propiedad siga con dicho destino, y se oponga a que se reconvierta en un campo de césped para el solaz de golfistas y el incremento del precio de los bungalows que se construirán pegados a los hoyos.

¿No es más cierto, Sr. Roger, que quien realmente incrementa el precio del suelo es el Agente Urbanizador, que lo obtiene a través de los permisivos mecanismos de la LRAU, y lo retiene para colocarlo en el mercado cuando entiende que el precio por metro cuadrado ha multiplicado por muchos puntos el coste que para su obtención ha tenido que sufragar?

La LRAU permite que, si alguien es propietario de un terreno rústico y carece de los recursos financieros para avalar bancariamente el pago de los gastos de urbanización en un brevísimo plazo, sufra la pérdida de la mayor parte de su terreno. Pocos meses después, el Agente Urbanizador, que es el beneficiario de tal expropiación encubierta, colocará ese suelo en el mercado inmobiliario, a precios mucho más altos que aquel por el que lo ha obtenido (multipliquen por la cifra que quieran), que no es otro que el coste de las obras de urbanización, ya convenientemente hinchado por el propio Agente Urbanizador.

El Sr. Roger, promotor de una ley atacada por la Comisión Europea y cuyos «indicios racionales de inconstitucionalidad» han sido señalados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, basa su veredicto de culpabilidad del dueño del patatar en el artículo 47 de la Constitución Española. Sin embargo, este artículo se circunscribe a tres facetas, a saber: 1, derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; 2, utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación; y 3, participación de la comunidad en las plusvalías que genera la acción urbanística.

Pues bien, si nos atenemos a la realidad de los resultados, las viviendas dignas y adecuadas son, para la LRAU y sus defensores, las situadas alrededor de los campos de golf. La interdicción de la especulación no se ha logrado con la LRAU, sino todo lo contrario. Y para entender el extremo relativo a la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, basta señalar que el número de millonarios -en euros- que ha producido la LRAU en la Comunidad Valenciana en esta pasada década es inversamente proporcional al estado de las finanzas de la Generalitat Valenciana y de los
ayuntamientos: fortunas rápidamente amasadas por Agentes Urbanizadores y profesionales connivenciales, mientras que el Erario Público se halla en un lamentable estado de déficit y endeudamiento. Sin olvidar que el propietario de terreno rústico cede de forma obligatoria y gratuita al municipio alrededor del 50% de su terreno (a veces bastante más), paga su cuota de urbanización, y al final del proceso cede gratuitamente al ayuntamiento el 10% de la edificabilidad que se le autoriza. ¿No es eso suficiente participación de la comunidad en las plusvalías?

Y como una broma de mal gusto, surge la parábola del patatero especulador, que pronto se complementará con otra gran falacia: la justificación de las expropiaciones encubiertas por la vía de la necesidad de Viviendas Protegidas. Pero no adelantemos acontecimientos. Esperemos, para contestar a esta nueva coartada de las viviendas protegidas, a que se expliciten más las posiciones de apoyo, como a buen seguro ocurrirá.

¿Para cuándo, Sr. Roger, un análisis objetivo que aborde la construcción de viviendas necesarias y dignas, y no de bungalows golfísticos? ¿Para cuándo un análisis objetivo que explicite la dimensión de las fortunas, en dinero y en bolsas de suelo, amasadas por los urbanizadores al amparo de la LRAU?

Con su análisis, Sr. Roger, está usted propiciando y protegiendo al especulador-urbanizador. Nosotros intentamos que no se sigan vulnerando legítimos derechos constitucionalmente reconocidos, y no tenemos más recompensa -si es que lo conseguimos- que el triunfo de la equidad, la interdicción de la arbitrariedad y el sostenimiento del medio natural, y todo eso junto sí que es progreso y desarrollo sostenible.