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Levante 16 1 2010: El Cabanyal...Enrique Climent

2010-01-17T11:50:00.002+01:00

Valencia siglo XIX

Soy valenciano y ejerzo como tal desde siempre, tal vez por eso me siento tan afectado con lo que está sucediendo en el Cabanyal de Valencia , hace ya más de diez años.

Como tantos otros he sido un espectador interesado en lo que se estaba desarrollando en ese enclave valenciano, de un lado las intervenciones de un Ayuntamiento que pilotado por su alcaldesa quiere imponer a toda costa unas decisiones sobre un entorno concreto , el Cabanyal, con las justificaciones más peregrinas que se puedan imaginar, como prolongar una vía urbana como si esta tuviera una vocación de crecimiento incuestionable, o seudo modernizar determinada zona urbana porque les peta, de otro los afanes de unas familias, cientos si no miles, que solo quieren conservar sus viviendas, las que lo han sido al menos durante tres o cuatro generaciones, sitas en unas calles totalmente urbanas y urbanizadas , sin que les falte ninguna de las condiciones que las leyes urbanísticas valencianas establecen para ser consideradas como tales , a saber :

- Suministro regular de agua y energía eléctrica.
- Acceso a viales asfaltados (calles)
- Encintado de aceras.
- Alumbrado público
- Red de alcantarillado.

Y todo esto desde hace más de cien años.

Estos días se ha desarrollado la última escena, hasta ahora, de este drama ciudadano, cuando el Ministerio de Cultura a instancias del Tribunal Supremo ha emitido un informe sobre el maltrato, expolio, que sufriría el patrimonio artístico valenciano en ese entrañable barrio si se llevase a cabo el proyecto del Ayuntamiento.

Hasta aquí, se ha actuado por parte del Ayuntamiento con un cierto grado de aceptación de las instituciones y de las normativas vigentes, al menos aparentemente, pero de repente la alcaldesa de Valencia saca los pies del tiesto y apoyada por el Consell, ese Consell pringado hasta las cejas por las sospechas derivadas del caso Gürtel, se despacha a placer lanzando amenazas, insultos, groserías y demás amenidades por su boquita de rosa, solo porque su proyecto es descalificado por ese informe y puede dar pie a su anulación, si así lo decide el Tribunal Supremo.

El juego democrático establece que el citado informe puede ser recurrido en un plazo determinado aportando razones que avalen el recurso, pero no, ese juego solo es operativo para los simples mortales, para nuestra voluminosa alcaldesa, las normas no existen, la voluntad de los ciudadanos y sus derechos no cuentan, la historia y cultura valenciana se la pasa por donde quiere, y cualquier persona o norma que se oponga a su santa voluntad ha de ser anulada, por eso con la colaboración de su amigo Paco deciden sacar a bailar un decreto ley rebajando las condiciones que se exigen para los BIC, y así poder destruir el del Cabanyal.

¿Saben que quiere decir eso? , pues que si en alguna ocasión un alcalde o quizás la misma alcaldesa considera que las Torres de Quart están ahogando el trafico rodado de la calle del mismo nombre, decida su demolición sin más y para eso el amigo Paco y sus muchachos aprobaran un decreto ley rebajando todavía más las exigencias para decidir que es un BIC ¿Verdad que eso no sería de recibo? Pues apliquen lo mismo al Cabanyal.

Pero no queda todo en una cuestión de proteger lo que nuestros mayores nos dejaron, con ser mucho, está la vertiente social, las familias que pueden perder sus casas, su entorno, sus vivencias, sometidas al desarraigo social por un capricho de cacique municipal típico del siglo XIX español.

No vale que la alcaldesa y su Corte de los Milagros nos digan que lo hacen por Valencia, como si eso significara algo, Valencia es una simple abstracción y no tiene porque estar en los anhelos de ningún gobernante por encima de los valencianos, porque Valencia sin los valencianos no es nada, tan solo un enclave geográfico, quien le ha dado su carácter, su alegría, su maravillosa atmósfera que atrae a tantos visitantes son y han sido los valencianos, por eso quien lesiona y perjudica a los valencianos y sus derechos está perjudicando a Valencia.

Además Valencia es una ciudad donde no existen valencianos de primera intocables y valencianos de segunda a los que se puede despojar de sus casas impunemente, ya lo dice ese maravilloso himno nuestro.

Yo recomendaría al Ayuntamiento y a su máxima responsable un par de sugerencias para resolver este empastre, primero, cambien el nombre de la Avenida de Valencia al Mar y llámenle desde ahora de Valencia al Cabanyal, dejando resuelto el problema porque quedaría cumplido lo que su nombre indica.

Segundo, olvídense del Cabanyal y proyecten por ejemplo la mejora de la margen derecha del antiguo río, desde el puente del Mar hasta la plaza de América, dándole el ancho y empaque ajardinado que tiene la margen izquierda, el efecto estético y embellecedor de Valencia sería espectacular, unos auténticos Campos Eliseos valencianos, dando la oportunidad para que nuestro internacional arquitecto de moda diseñara algo acorde con el nuevo entorno. Por otra parte no habría que desalojar tantas familias como en el Cabanyal y sin tanta repercusión social dado el alto standing de las familias que allí viven, y para colmo de la bondad de este proyecto que ofrezco gratis, no peligraría ningún BIC.

Bien es cierto que eso les haría perder algunos votos, de los que tienen seguros, pero por Valencia se sacrifica lo que haga falta.

Solo me queda recordar a la alcaldesa y a su equipo de gobierno algo que quizás nunca han tenido en cuenta, gobernar es administrar, y administrar es servir, no mandar, servir a los valencianos, a todos, ya que entre todos les pagan sus confortables sueldos, incluidos esos a los que pretenden dejar sin sus casas.

Enrique Climent Laguarda.

Abusos Urbanísticos ¡NO!
Enero 2.010

Levante 26 1 2008: Como afrontar un PAI y no morir en el intento

2008-01-26T21:21:00.000+01:00

Cómo afrontar un PAI y no morir en el intento

La Asociación Abusos Urbanísticos No recordó ayer al conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, su compromiso de "contar con los colectivos ciudadanos" para reformar las leyes urbanísticas ya que "hasta ahora, sólo se ha reunido con ayuntamientos o promotores e insiste en acelerar la aprobación de PAI pendientes". Los problemas continúan así que ahora preparan un decálogo para afrontar un PAI.

L. B. B., Valencia

La Asociación ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN) elaborará un decálogo, en colaboración con juristas y expertos urbanistas, para informar a los propietarios afectados por un programa de actuación integrada (PAI) de cómo actuar para evitar que se atropellen sus derechos, según informó ayer su presidente, Enrique Climent. Será una actuación más de esta entidad que insiste en denunciar la "indefensión en que se encuentran los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en lo que a urbanismo y medio ambiente se refiere, a pesar de las desorbitadas declaraciones, claramente oportunistas y manipuladoras de la realidad, de los políticos valencianos en esta campaña electoralista".

Al colectivo que lucha contra los abusos urbanísticos le parecen especialmente preocupantes las declaraciones del actual conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, que ha anunciado la aprobación de 70 PAI antes de que se acabe 2008 para fomentar la construcción de VPO y reactivar la economía.

"La razón de construir VPO es estrictamente social porque persigue facilitar viviendas a economías modestas pero ahora hemos descubierto que la motivación es económica y que la intención del conseller es conseguir que los industriales del ramo no sufran demasiado. Pero nosotros creemos que la VPO tiene una función social y no debe ser una justificación", señalan Enrique Climent y Charles Sbovoda.

Ambos fueron recibidos por García Antón cuando el conseller tomó las riendas del urbanismo, en septiembre de 2007. "Nos manifestó que las circunstancias en el urbanismo valenciano no eran las mismas que en su anterior etapa al frente del urbanismo, que estaba claro que debían hacerse cambios y que para realizarlos contaba con todos los estamentos económicos, sociales y ciudadanos".

Sin embargo, en estos cinco meses las "consultas" y reuniones se han producido con "los ayuntamientos y las asociaciones de promotores, sin que los colectivos sociales y ciudadanos hayan sido incluidos en las consultas" lo que demuestra, según AUN, que se sigue con similares tics de épocas anteriores.

"Por eso, en medio de esta política de grandes fastos y endeudamiento, se debe reaccionar -reivindican-. Si USA no ha podido soportar económicamente un fenómeno idéntico al valenciano, de desarrollo urbanístico insostenible, como consecuencia de la aplicación de la ley eminent domain, que disparó la especulación inmobiliaria e hinchó el globo que les ha llevado por la vía más rápida a la recesión en que se revuelcan, ¿qué hace pensar a nuestros políticos que aquí somos más listos y estamos mejor preparados?", se preguntan los representantes de AUN.

"Nos encontramos con un un patrimonio público valenciano más comprometido por las deudas. Una ciudadanía con su patrimonio privado disminuido en su valor, y con la gravitación que supone una deuda autonómica ruinosa. Unos sectores industriales y agrícolas debilitados por falta de inversiones para su mantenimiento. Un desempleo en cifras que ya teníamos casi olvidadas. Una elite empresarial, la de la urbanización/promoción enriquecida hasta la obscenidad". Por ello, exigen una modificación racional de las leyes urbanísticos y una menor dependencia del ladrillo.

Levante 6 1 2007: Los Mil Años del III Reich

2007-01-06T08:26:00.000+01:00

Opinión

Los mil años del III Reich

ENRIQUE CLIMENT*

La víspera de fin del año 2006 y ya pasado el día de los Santos Inocentes, los valencianos nos desayunamos con esta noticia: «El alcalde de ?. borra del censo a 100 vecinos contrarios al PAI con golf», así, como lo leen.

Hasta ahora veníamos sabiendo de enfrentamientos entre ciudadanos afectados por desarrollos urbanísticos , en desacuerdo con ellos, con los ayuntamientos correspondientes, partidarios de dichos desarrollos, enfrentamientos en los plenos municipales, en las calles e incluso en los tribunales de justicia, pero siempre dentro de los limites que establecen las reglas del juego democrático, incluso en ocasiones se llega a las palabras fuertes y a denuncias por corrupción cuando se sospechan, pero insisto, siempre sin sacar los pies del tiesto democrático, y por ultimo esperando el año 2007 para en el ejercicio de un derecho inalienable manifestar por medio del voto la disconformidad, disgusto o desacuerdo con los que hasta ese momento han ejercido el gobierno en cada Ayuntamiento.

Pero he aquí que de pronto, el 30 de diciembre descubrimos que un alcalde, elegido democráticamente, o al menos eso parece, decide retroceder en el tiempo y poner en efecto una medida que hubiese sido tan natural en la Alemania del III Reich, sin más decide «borrar del censo 100 vecinos», basándose en unos supuestos controles, supongo que reloj en mano, del tiempo que estos vecinos pasan en sus viviendas en ?, no se si computará a efectos censales el que emplean estos vecinos de excursión por los alrededores o cuando realizan sus compras en el pueblo.

Tanto la medida como su justificación no pasan de ser lo que vulgarmente se llama una «cacicada», más propia de la España tenebrosa del siglo XIX. Hoy nos produce una inquietud por los recuerdos que despiertan de otros tiempos más recientes, tiempos en que los derechos humanos de quienes disentían del Gobierno, o tenían otro color u otra religión, estaban a la altura de los derechos de los perros.

«Borra del censo a 100 vecinos» suena tan feo como «borra del mapa a 100 vecinos» y quizás sea ese el objetivo final, además eso se hace porque esos vecinos son «contrarios al PAI con golf», lo que es puro mesianismo ya que equivale a decir «quien no está conmigo está contra mí» y como decimos por aquí, si vols més, para el cabàs.

No puedo menos de sentir simpatía por esos vecinos despojados de su ciudadanía, no sólo luchan por la defensa de su derecho a la propiedad, al medio ambiente y a la calidad de vida, sino que ahora han de luchar por sus derechos como ciudadanos, los que consiguieron con el resto de los españoles al aprobar la Constitución Española de 1978. Desde aquí ruego a quien corresponda, quizás a los responsables de su partido, que le laven la boca con jabón, para que los ciudadanos de esta Comunitat recuperemos la tranquilidad al confirmar que los mil años del III Reich terminaron en 1945.

*Presidente de Abusos Urbanísticos No

Levante 14 11 2006: Enric Climent - "La doctrina de Parcent...

2006-11-15T19:04:00.000+01:00

Enric Climent: «La doctrina de Parcent va a convertirse en el punto de partida de un río de sentencias»

Entre Valencia, Castelló y Moraira no para. Es el hombre de confianza de Charles Svoboda y ha asumido ahora la presidencia de la entidad más ruidosa del siglo XXI valenciano. Climent, economista de 70 años, afronta entusiasta el cargo.

Cèsar Palazuelos, Dénia

-¿Cuántos idiomas habla? -Inglés -para hacerme entender-, francés, italiano, castellano y valenciano, por supuesto.

-Con la doctrina Parcent, en su nuevo cargo de presidente de AUN ha sido llegar y besar el santo. -Fabuloso, ha sido una gran alegría. Lo de Parcent ha sido el punto de partida, va a haber un verdadero río de sentencias.

-¿Hay casos similares? -Existen muchos, ya se verá; realmente el negocio está en el suelo urbanizable que se reclasifica y genera unas plusvalías increíbles. Con un simple PAI no puede configurarse todo un PGOU.

-¿Su llegada a la presidencia de AUN va a servir para borrar esa etiqueta que tienen ustedes de asociación de residentes europeos? -Está claro que somos una asociación que nació por la movilización de un grupo de residentes europeos. Sin embargo, las cosas han cambiado desde hace cinco años y en la actualidad los miembros nativos superan a los extranjeros. Además, me eligieron también por el hecho de hablar valenciano, ¡hay que recordarlo!.

-¿Cuántos socios son en la actualidad? -Pasamos de los 20.000 aunque es un poco difícil de cuantificar porque en realidad somo una asociación de asociaciones.

-¿Cómo se financian? -Tenemos un sistema de cuotas voluntarias que es de unos 25 euros al año.

-Con la fuerza que ha tomado su organización es importante conocer si van a recomendar el voto para algún partido en las elecciones municipales de mayo de 2007. -Nosotros ya anunciamos hace un tiempo que estábamos dispuestos a ayudar a grupos y agrupaciones independientes, siempre y cuando defiendan nuestro ideario.

-¿Y cómo va? -Muy bien, se han creado muchas. Sobre todo en las comarcas de Alicante. -¿Y en las elecciones autonómicas, que posición van a tomar? -No entramos en política, en las autonómicas, nosotros somos apolíticos. La gente de AUN tendrá sus simpatías, hay gente de todos los partidos.

-¿Se ha marcado un plazo para finalizar su presidencia? -Hombre, con 70 años a las espaldas no se puede prever mucho. Además hay que dejar paso a la gente joven. Con todo, yo creo que podré estar un par de años por lo menos.

La Ley urbanística valenciana: Articulo publicado en Levante 18/12/05

2005-12-18T20:31:00.000+01:00

La Ley urbanística valenciana

Charles Svoboda y Enrique Climent

Plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN).

Los representantes de la plataforma Abusos Urbanísticos No reflexionan sobre la polémica legislación.. Publicado en Levante 18 diciembre. Especial Territorio y Medio Ambiente

Blanca Blanquer reflexionaba en las páginas de Levante-EMV sobre el proyecto de ley urbanística valenciana (LUV), y tenía la honestidad intelectual de firmar su artículo como «ex directora general de la Generalitat», algo que no es frecuente entre otros creadores de opinión en materia de urbanismo, que prefieren ocultar sus antiguas responsabilidades políticas. Ellos sabrán por qué.

Señala la señora Blanquer que «la figura del agente urbanizador es tan singular que no necesita capital para ser empresario», ya que «el suelo es de otros y cualquier gasto que realice será repercutido en el propietario del suelo, que pagará en dinero o suelo el importe total de las cantidades y su retribución como gestor de la actuación. Entre cesiones obligatorias y demás gastos, si el propietario consigue mantener el 20% de su propiedad inicial, puede darse por satisfecho».

No sabemos qué opinará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de esta curiosa forma de respetar el derecho a la propiedad privada, pero mientras se pronuncia la justicia europea, reflexionemos sobre lo que implica la constatación que hace la señora Blanquer.

La polémica de las reclasificaciones

No paramos de oír hablar de pelotazos urbanísticos y de los multimillonarios beneficios de las reclasificaciones. Entonces, ¿cómo es posible que alguien esté interesado en que le reclasifiquen su terreno si va a perder alrededor del 80% de su propiedad? En otras palabras: si los propietarios del suelo pierden las cuatro quintas partes de su terreno, ¿quién es el que da los pelotazos en el urbanismo valenciano? Evidentemente, no los dan los pequeños propietarios de suelo, ni los dan los propietarios de viviendas semiconsolidadas (es decir: los propietarios de viviendas perfectamente legales, que se compran, venden e hipotecan con todas las bendiciones legales, y que pagan IBI como viviendas urbanas), a los que se acosa sin miramientos y frecuentemente se expulsa de sus casas y su terreno, reprochándoseles además que se apropien de supuestas «plusvalías» urbanísticas.

¿Quién da entonces los pelotazos urbanísticos? Pues quizá sea el agente urbanizador, ese agente que no necesita capital para ser empresario, porque el suelo es de otros, y cualquier gasto que realice lo repercute, corregido y aumentado, al propietario del suelo. Por expresar más gráficamente nuestras dudas: si el presidente del Valencia Club de Fútbol habla del «pelotazo» de Porxinos, ¿quién es el que está dando el pelotazo? ¿los socios del Valencia CF, si es que son ellos los propietarios de los terrenos, o el señor Soler como agente urbanizador?

Afirma la señora Blanquer que la ejecución de los planes urbanísticos es una obra pública, tal como ha confirmado la Comisión Europea al estimar la denuncia que presentamos desde Abusos Urbanísticos No (AUN) contra la LRAU. Pero constata a continuación doña. Blanca Blanquer que «la LRAU convirtió el concepto de obra pública en una mera ficción, porque si quien promueve, urbaniza, percibe una retribución y repercute el costo en los propietarios es el agente urbanizador, limitándose el ayuntamiento a conceder o denegar su beneplácito y trasladar los beneficios de facultades exorbitantes a particulares, como la expropiación forzosa y la recaudación ejecutiva, el urbanismo se ha con vertido en una actividad privada»..

Función pública privatizada

No se puede explicar con más claridad la situación que continuamos padeciendo por culpa de la LRAU, y que no parece vaya a solucionar su sucesora: se privatiza la función pública urbanizadora, a favor de un particular a quien se atribuyen facultades exorbitantes, como la expropiación forzosa y la recaudación ejecutiva, mientras que el pequeño propietario del suelo pierde el 80% de su terreno y aun así debe darse por satisfecho.

¿Estamos ante una reglamentación que defiende el interés público en un Estado de Derecho, o ante una serie de normas que defienden los intereses de una minoría de privilegiados? Si se privatiza el urbanismo, ¿qué sentido tiene otorgar tales facultades a un ente privado que ni siquiera necesita capital? Si estamos halando de negocios, ¿por qué se aplican los principios del libre mercado para que el agente urbanizador negocie con los propietarios afectados? Lamentablemente, aunque muchos reconocen off the record que la LRAU es inconstitucional, algunos políticos están tan ocupados en defender la Constitución que no tienen tiempo para prestar atención a las flagrantes violaciones de su artículo 33 que se producen a diario en la Comunidad Valenciana. Y no se trata sólo de las violaciones al derecho a la propiedad privada. La señora Blanquer nos da más pistas: «La inseguridad jurídica tiene una doble vertiente: cuando un plan se somete a información pública no es necesario repetir el trámite aunque se introduzcan modificaciones sustanciales. Usted puede comprobar que su vivienda o su terreno están en un suelo urbano con sus parámetros de edificación bien definidos y, al aprobarse el plan, su casa o su terreno formar parte de una autovía, un centro de salud, una zona verde o ser un suelo protegido». O sea: derecho al domicilio, derecho de defensa, derecho de audiencia... derecho al pataleo.

Cualquier persona que haya comprado un piso en la Comunidad Valenciana hace unos años ha visto cómo su precio aumentaba hasta multiplicarse en algunos casos por dos o por tres. Sin embargo, los propietarios de una vivienda en terreno rústico (repetimos: los propietarios de una vivienda perfectamente legal en cualquier Estado europeo y en cualquier otra zona de España), nos vemos sometidos a la terrible paradoja que expusimos ante el Parlamento Europeo el pasado mes de octubre: podemos perder nuestra casa, nuestro patrimonio, y no tenemos derecho a ninguna plusvalía... Precisamente porque tenemos un terreno muy interesante en una zona muy buena. ¿No es esto una aberración jurídica y una violación flagrante del derecho a la propiedad privada y al domicilio? ¿Repartirse la casa de un ciudadano a sus espaldas y someterlo a un brutal acoso a su patrimonio respeta la dignidad de la persona humana? Viva la Constitución, sí, pero de verdad, y para defender los derechos de los ciudadanos.

Una posible solución

¿La solución? Aplicar el sentido común, la Constitución y las normas europeas. Lo explica magistralmente la Sra. Blanquer: «puesto que el agente urbanizador elige libremente el terreno, señala su precio y percibe una remuneración, la única condición que frenaría la espiral edificatoria es que se le obligue a que la financiación total de las mismas sea por su cuenta y riesgo y, luego el ayuntamiento plantee la repercusión a los propietarios. De esta forma, el propietario percibiría el precio real de mercado, con el que pagar los gastos, y las plusvalías no irían a parar directamente al urbanizador, que en la mayor parte de los casos, es retribuido en terreno según valor atribuido en el proyecto».

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Levante (Opinion) 14 9 2005

2005-09-14T07:37:00.000+02:00

Al presidente Camps sobre la LRAU

CHARLES SVOBODA Y ENRIQUE CLIMENT - ABUSOS URBANISTICOS NO

Señor Presidente de la Generalitat Valenciana: Dice su conseller Blasco que las quejas de los afectados por la LRAU son tan respetables como el millón largo de votos que avalan la política urbanística de su partido. Nos gustaría saber cómo se lo va a explicar a los miles de votantes del Partido Popular afectados por abusos urbanísticos, que jamás imaginaron que su voto serviría para avalar políticas urbanísticas que los pueden dejar arruinados y/o sin casa.

No somos nosotros, señor Camps, sino el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, quien dice que en muchos casos «los propietarios son absolutamente ignorados por una connivencia premeditada entre el Ayuntamiento y el Urbanizador, quienes no facilitan ninguna información ni pretenden lograr el consentimiento de los propietarios, sino la rápida apropiación de los terrenos para acometer su urbanización a toda costa, incluso aunque los propietarios, lejos de retener el suelo o especular, quieran gestionarlo» (página 20 de su Informe Especial sobre Urbanismo, noviembre de 2004).

Hemos ido desgranando en sucesivos artículos de prensa nuestras críticas contra la LRAU, sustentándolas con argumentos, y citando las disposiciones concretas de la ley que nos parecen inaceptables. Desde su Gobierno sólo han llegado descalificaciones chuscas. Sin embargo, la Comisión Europea nos ha dado la razón y ha iniciado un expediente sancionador contra el Reino de España, que no será el único. Hay más violaciones del Derecho europeo que esperamos sean constatadas: ayudas públicas, medio ambiente, protección de derechos fundamentales. Señor Camps: ¿Por qué no dejamos de una vez por todas la estéril polémica sobre quién aprobó la LRAU, quién la criticó entonces pero no la ha derogado en diez años, y quién se ha aprovechado de ella? ¿Por qué no empezamos de verdad a mirar al futuro y a proponer soluciones?

Aquí van nuestras sugerencias. Son muy claras y muy concretas, aunque lamentablemente no han tenido cabida en los 264 artículos y dieciocho disposiciones que componen el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), llamada a sustituir a la LRAU:

1. Las viviendas y sus parcelas no se tocan, por mucho que estén en zona rústica-no urbanizable. Para la LRAU no existían, y la LUV no mejora su situación, sino que las sigue supeditando al proyecto del urbanizador y al libre albedrío del ayuntamiento. O sea, que el llamado Estatuto del Propietario de la LUV no es más que un brindis al sol, porque el propietario sigue de rodillas ante el urbanizador y el ayuntamiento. Estamos ante una violación del derecho a la propiedad y al domicilio que no se puede aceptar. Salvo que así lo exija, de forma excepcional, la utilidad pública o el interés social.

2. Establezcamos criterios objetivos claros para delimitar los conceptos de utilidad pública e interés social. Y dejemos bien claro que la utilidad pública o el interés social no pueden amparar en ningún caso la expropiación para construir campos de golf ni urbanizaciones de lujo.

3. Se ha privatizado el proceso de urbanización, poniéndolo en manos de una empresa privada llamada Agente Urbanizador. Sin embargo, ¿Por qué los terrenos siguen sin valorarse a su precio de mercado? ¿Por qué el suelo de Guadalajara se valora, como mínimo, cinco veces más que el de Alicante? Muy sencillo: porque en Castilla-La Mancha rige una ley urbanística inspirada en la LRAU, pero que valora el suelo a precios de mercado. Como tiene que ser. ¿Alguien duda que el valor real del suelo en una zona turística como Alicante es muy superior al de una zona de interior y sin atractivo turístico como Guadalajara? La legislación valenciana, al no tomar en consideración el valor real de los terrenos, perjudica gravemente al propietario del suelo -ya sea un llaurador de toda la vida o un jubilado inglés- y favorece al Agente Urbanizador sin ninguna justificación. ¿Por qué, señor Camps, si se trata de decisiones puramente empresariales, no se aplica la ley de la oferta y la demanda? ¿Por qué se privatiza una función pública pero se sigue colmando de privilegios y prerrogativas a un empresario que defiende su interés privado? Aplíquense las leyes del mercado: quien quiera suelo, que lo compre y lo pague, pero no le pida a papá ayuntamiento o a mamá Generalitat que se lo facilite a precio soviético para que él obtenga beneficios de república bananera.

4. Nadie en Abusos Urbanísticos ¡NO! se niega a pagar su justa contribución a los costes de una urbanización, siempre que sean calculados de acuerdo con las normas españolas y europeas. Al amparo de la LRAU, se adjudican contratos multimillonarios sobre la base de una «estimación, siquiera preliminar y aproximada, de los costes la obra» (artículo 32.D.2º LRAU), y el presupuesto lo pueden modificar al alza el urbanizador y el ayuntamiento sin ninguna medida de control. Así que el sistema actual es una simple coartada para apropiarse del terreno y las viviendas de sus legítimos propietarios a través del incremento interesado y descontrolado de los costes de urbanización, y supone un incentivo para urbanizar sin medida. Así se explican los disparates urbanísticos que afloran por todos los rincones de la Comunidad. Señor Camps: defienda los intereses de todos los ciudadanos y residentes en la Comunidad Valenciana, derogue de una vez una ley que se aprobó para evitar la concentración de suelo en manos de especuladores, pero ha provocado que una decena de promotoras controlen el suelo valenciano. Explíquenos por qué los grandes terratenientes dan siempre el pelotazo mientras que a los pequeños propietarios nos dejan pelados. Mire a los ojos a los afectados por los abusos urbanísticos, empezando por los de su propio partido si así lo desea, y explíqueles dónde están sus plusvalías. Demuéstrenos que de verdad funciona el Estado de Derecho.

Carta abierta al presidente Camps

2005-09-11T21:22:00.000+02:00

Informacion (Dominical, Vivienda) 11 9 2005

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE CAMPS

Señor Presidente de la Generalitat Valenciana:

Dice su conseller Blasco que las quejas de los afectados por la LRAU son tan respetables como el millón largo de votos que avalan la política urbanística de su partido. Nos gustaría saber cómo se lo va a explicar a los miles de votantes del Partido Popular afectados por abusos urbanísticos, que jamás imaginaron que su voto serviría para avalar políticas urbanísticas que los pueden dejar arruinados y/o sin casa.

No somos nosotros, señor Camps, sino el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, quien dice que en muchos casos “los propietarios son absolutamente ignorados por una connivencia premeditada entre el Ayuntamiento y el Urbanizador, quienes no facilitan ninguna información ni pretenden lograr el consentimiento de los propietarios, sino la rápida apropiación de los terrenos para acometer su urbanización a toda costa, incluso aunque los propietarios, lejos de retener el suelo o especular, quieran gestionarlo” (página 20 de su Informe Especial sobre Urbanismo, noviembre de 2004).

Hemos ido desgranando en sucesivos artículos de prensa nuestras críticas contra la LRAU, sustentándolas con argumentos, y citando las disposiciones concretas de la ley que nos parecen inaceptables. Desde su gobierno sólo han llegado descalificaciones chuscas. Sin embargo, la Comisión Europea nos ha dado la razón y ha iniciado un expediente sancionador contra el Reino de España, que no será el único. Hay más violaciones del Derecho europeo que esperamos sean constatadas: ayudas públicas, medio ambiente, protección de derechos fundamentales…

Señor Camps: ¿Por qué no dejamos de una vez por todas la estéril polémica sobre quién aprobó la LRAU, quién la criticó entonces pero no la ha derogado en diez años, y quién se ha aprovechado de ella? ¿Por qué no empezamos de verdad a mirar al futuro y a proponer soluciones?

Aquí van nuestras sugerencias. Son muy claras y muy concretas, aunque lamentablemente no han tenido cabida en los 264 artículos y dieciocho disposiciones que componen el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), llamada a sustituir a la LRAU:

1. Las viviendas y sus parcelas no se tocan, por mucho que estén en zona rústica-no urbanizable. Para la LRAU no existían, y la LUV no mejora su situación, sino que las sigue supeditando al proyecto del urbanizador y al libre albedrío del ayuntamiento. O sea, que el llamado “Estatuto del Propietario” de la LUV no es más que un brindis al sol, porque el propietario sigue de rodillas ante el urbanizador y el ayuntamiento. Estamos ante una violación del derecho a la propiedad y al domicilio que no se puede aceptar. Salvo que así lo exija, de forma excepcional, la utilidad pública o el interés social.

2. Establezcamos criterios objetivos claros para delimitar los conceptos de utilidad pública e interés social. Y dejemos bien claro que la utilidad pública o el interés social no pueden amparar en ningún caso la expropiación para construir campos de golf ni urbanizaciones de lujo.

3. Se ha privatizado el proceso de urbanización, poniéndolo en manos de una empresa privada llamada Agente Urbanizador. Sin embargo, ¿Por qué los terrenos siguen sin valorarse a su precio de mercado? ¿Por qué el suelo de Guadalajara se valora –como mínimo cinco veces más que el de Alicante? Muy sencillo: porque en Castilla-La Mancha rige una ley urbanística inspirada en la LRAU, pero que valora el suelo a precios de mercado. Como tiene que ser. ¿Alguien duda que el valor real del suelo en una zona turística como Alicante es muy superior al de una zona de interior y sin atractivo turístico como Guadalajara? La legislación valenciana, al no tomar en consideración el valor real de los terrenos, perjudica gravemente al propietario del suelo -ya sea un llaurador de toda la vida o un jubilado inglés- y favorece al Agente Urbanizador sin ninguna justificación. ¿Por qué, señor Camps, si se trata de decisiones puramente empresariales, no se aplica la ley de la oferta y la demanda? ¿Por qué se privatiza una función pública pero se sigue colmando de privilegios y prerrogativas a un empresario que defiende su interés privado? Aplíquense las leyes del mercado: quien quiera suelo, que lo compre y lo pague, pero no le pida a “papá ayuntamiento” o a “mamá Generalitat” que se lo facilite a precio soviético para que él obtenga beneficios de república bananera.

4. Nadie en Abusos Urbanísticos ¡NO! se niega a pagar su justa contribución a los costes de una urbanización, siempre que sean calculados de acuerdo con las normas españolas y europeas. Al amparo de la LRAU, se adjudican contratos multimillonarios sobre la base de una “estimación, siquiera preliminar y aproximada, de los costes la obra” (artículo 32.D.2º LRAU), y el presupuesto lo pueden modificar al alza el urbanizador y el ayuntamiento sin ninguna medida de control. Así que el sistema actual es una simple coartada para apropiarse del terreno y las viviendas de sus legítimos propietarios a través del incremento interesado y descontrolado de los costes de urbanización, y supone un incentivo para urbanizar sin medida. Así se explican los disparates urbanísticos que afloran por todos los rincones de la Comunidad.

Señor Camps: defienda los intereses de todos los ciudadanos y residentes en la Comunidad Valenciana, derogue de una vez una ley que se aprobó para evitar la concentración de suelo en manos de especuladores, pero ha provocado que una decena de promotoras controlen el suelo valenciano. Explíquenos por qué los grandes terratenientes dan siempre el pelotazo mientras que a los pequeños propietarios nos dejan “pelados”. Mire a los ojos a los afectados por los abusos urbanísticos, empezando por los de su propio partido si así lo desea, y explíqueles dónde están sus plusvalías. Demuéstrenos que de verdad funciona el Estado de Derecho.

Charles Svoboda, Enrique Climent

Abusos Urbanísticos NO

SVOBODA Y LOS EXTRANJEROS

2005-09-07T22:15:00.000+02:00

Svoboda y los extranjeros. ¡¡ Ya está bien !!

El pasado 25 de julio, D. Mariano Ayuso, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia y prestigioso abogado urbanista, afirmaba en las páginas de LEVANTE que la mala fama de la Comunidad Valenciana en lo referente al urbanismo ?está instigada por el señor Svoboda, de Abusos Urbanísticos No, y es una materia más de percepción subjetiva de injusticia de los ciudadanos extranjeros afectados que de justicia o injusticia intrínseca de las actuaciones urbanísticas?. Una vez más, parece que el maremoto de protestas que sacude de arriba abajo nuestra región sea cosa de cuatro jubilados extranjeros que hacen mucho ruido pero no se enteran de qué va la película, probablemente porque no entienden el idioma.Pues no. Ya va siendo hora de dejar las cosas claras. Los abusos urbanísticos afectan a muchos miles de familias valencianas y extranjeras, que –quizás sea su “percepción subjetiva”– no encuentran por ningún lado las supuestas plusvalías o beneficios que les reporta la urbanización de sus casas y terrenos cuando, por ejemplo, donde tenían una casa de campo con su terrenito, su jardín y a lo mejor hasta una balsa o una piscina, les obligan a ceder gratuitamente la mitad del terreno y les hacen pagar una fortuna para conservar la otra mitad. Eso si no los “reparcelan forzosamente”, les tiran la casa a cambio de una mísera indemnización, y los obligan a realojarse por el supuesto interés público de la construcción de un campo de golf.¿Extranjeros quienes forman parte de los cientos de asociaciones de afectados que surgen como hongos en las cuatro esquinas de la región?¿Extranjeros los miembros de la Unió de Llauradors y Ramaders-Coag? Su portavoz para las comarcas de Alicante, D. Ernesto Blasco, afirmaba el pasado 25 de mayo en el Diario INFORMACION que el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV) “seguirá destruyendo irreversiblemente suelo agrícola en toda la Comunidad Valenciana”. El Sr. Blasco (el llaurador, no el conseller) calificó la LRAU como «una pantalla para desmembrar» al sector agrario y así acabar con la herramienta fundamental del agricultor como es la tierra, “comprando terrenos a precios ridículos y acabando definitivamente con el sector”. En su opinión, la LUV «ratifica la anterior ley, favoreciendo los pelotazos inmobiliarios, dejando a mucha gente sin casa ni medios de trabajo y saltándose el derecho de mantener quien quiera sus propiedades».¿Extranjeros los propietarios de la Finca Eco-Iris, en Aspe, dedicada a la agricultura ecológica, que un PAI prevé hacer desaparecer bajo toneladas de hormigón en aras del supuesto progreso que supone la construcción desenfrenada?El señor Blasco (el de la Unió de Llauradors, no el conseller) pone el dedo en la llaga y nos da la clave del escándalo: los precios ridículos a los que se valora el terreno en nuestra Comunidad. Efectivamente, la LRAU ha sido imitada en otras regiones. Pero en otras regiones han evitado los abusos, han sido más respetuosos con los derechos de los propietarios (extranjeros o valencianos, jubilados o llauradors), y valoran el terreno a su precio de mercado. Consecuencia: el terreno en Guadalajara se valora cinco veces más que el de Alicante. ¿Cómo es posible, si el valor real del suelo en una zona turística como Alicante es muy superior al de Guadalajara? Pues porque el laberinto legal valenciano permite apropiarse a precios ridículos de un terreno que vale su peso en oro. Ahí está el incentivo a urbanizar sin medida y a expoliar a los pequeños propietarios. Basta ya de milongas y de marear la perdiz con los extranjeros.

Enrique Climent Laguarda
Vicepresidente, Abusos Urbanísticos NO (AUN)
aun@abusos-no.org

New dog, old tricks

2005-08-17T16:42:00.000+02:00

LEVANTE-EMV 17/08/2005

CHARLES SVOBODA Y ENRIQUE CLIMENT - ABUSOS URBANISTICOS NO

The first requirement of the new Valencian law on urban development (LUV) is that it should comply with European legislation protecting fundamental rights, and with regulations arising from treaties to which Spain is signatory, such as the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Freedoms together with those referring to public contracting, preserving the environment and countryside, or protecting the right to private property. However, the Valencian Urban Planning Law which will shortly be debated in the "Cortes" shows very little progress in any of these spheres, and appears to be a mere continuation of the LRAU, maintaining similar interests and objectives.

In this respect, although the Conselleria de Territorio y Vivienda (Town and Country Planning Office) talks about "social urban development" in the LUV, the fact is that no social urban development will take place whilst the "agente urbanizador" (urbaniser) remains in the driving seat, with the total blessing of the powers that be in the town hall. The LRAU gave the town halls and urbanisers powers to carry out in tandem all the urbanistic outrages perpetrated since the introduction of the LRAU, and the new law now intends to give more power to the town halls and wider room for manoeuvre to the urbanisers.

The new law does nothing to increase the protection of homeowners' rights. The much vaunted "Homeowners' Charter" makes much of owners' obligations and duties, his only "right" being that of having to pay urbanisation costs. On the other hand, the "agente urbanizador's" rights are recognised and, indeed, defined as prerogatives. The new law follows in the footsteps of the LRAU, and is non-discriminatory, treating Spanish and non Spanish homeowners equally badly.

The preamble justifying the draft LUV lays down "the need to create a more sustainable town environment … giving rise to town planning with the participation of the homeowners". Reference is constantly made to town development, but nowhere is there mention of urban development of sparsely inhabited areas outside town concentrations, or of rustic plots on land classified as "non urbanisable", the development of which presents neither social interest nor public utility. The development of these areas only benefits the big promoter-speculators looking for a market amongst buyers who can afford to buy this type of secondary residence ("luxury homes" in ad-speak). This creates a double social dysfunction: on the one hand it deprives existing small homeowners of their property and makes them pay for unwanted "luxury" urban development and, on the other hand, it creates a so-called "high class" seasonal population, thus widening the social divide.

One of the improvements highlighted in the draft LUV is that the affected homeowner is given more time (extended from 10 days to two months) to opt to pay for development costs in cash or in land. This is not such good news if you consider that the affected owner who wishes to pay in cash is obliged by the new law to put up a bank deposit or obtain a bank guarantee in favour of the urbaniser and, in addition, this must be effected through a registered deed. This obstacle is a strange way of defending the owners' interests, and it is strange to hinder someone who, in the exercise of his rights in a democratic country, decides to pay in legal tender. This is the first time we have seen a law that hinders payment in cash.

Referring to existing homeowners, Mr Blasco says that the new law "will make them pay only those development costs relating to public services that affect them directly". This is hardly worthy of any applause. Why should owners pay for more than they receive? We do not see this as an improvement. It is a fundamental right in accordance with the principles of equality and fairness that all public administrations should apply when dealing with citizens.

Finally, in the face of the more than justified criticism and deep mistrust of the new draft law, it is unacceptable that those in power should be trying to sweep aside all the doubts raised by individual citizens and representative bodies by alleging in the media that those affected are against urban development, or that they do not want to pay the attendant costs, or that they are motivated by personal interest. Such arguments are a manipulative lie and, as such, an insult to every citizen. The social protest which is intensifying throughout the length and breadth of the Valencian Community is no more nor less than a determined fight to defend the fundamental rights of everyone to own property, to enjoy a healthy and sustainable environment with undamaged landscapes, and to benefit from overall conditions that make life worth living.

It is worthwhile reminding Mr Blasco of the promise he made on 15 July 2004 (just over a year ago), that the draft law will not be approved by the Cortes without taking into account the proposals and requests made by Abusos Urbanísticos No. This promise has not been kept, given that in July the PP ordered an "emergency procedure" for approval of the new law. This is yet another example of how the present government of the Generalitat turns its back on the ordinary citizen, whilst doing everything in its power to cater to the needs of groups of urbanisers and developers.

Levante 17 8 2005

2005-08-17T11:10:00.000+02:00

'Perro nuevo, collar viejo' (New dog, old tricks)

CHARLES SVOBODA Y ENRIQUE CLIMENT - ABUSOS URBANISTICOS NO

Lo primero que cabe exigir de una legislación reguladora del urbanismo valenciano (LUV) es que cumpla con las leyes europeas en lo que a Derechos Fundamentales se refiere, y con las regulaciones de los tratados en que el Reino de España es signatario, tales como la Convención Europea sobre Derechos Humanos o la Carta de Libertades Fundamentales, e igualmente en lo referente a contratos públicos, mantenimiento del medio Ambiente y Paisaje, o respeto a la propiedad. Sin embargo, la ley urbanística valenciana que pronto se debatirá en las Cortes muestra escasos avances en todos estos ámbitos, aparece como mera continuación de la anterior (LRAU) y mantiene similares intereses y fines.

En este sentido, aunque la Conselleria de Territorio y Vivienda habla en la LUV de «urbanismo social», lo cierto es que no puede existir tal urbanismo social mientras el artífice legal del proceso urbanístico siga siendo el «agente urbanizador», con la bendición del ayuntamiento de turno. Todos los atropellos cometidos por la aplicación interesada de LRAU lo han sido por el tandem ayuntamiento/agente urbanizador, y ahora con la nueva ley se quiere reforzar la posición de los ayuntamientos y dejar a los urbanizadores con amplias prerrogativas.

La nueva Ley continúa igualmente sin respetar los derechos de los propietarios. El tan celebrado Estatuto del Propietario sólo habla de obligaciones o más bien deberes, no menciona un solo derecho, salvo el de cumplir la obligación de atender las cuotas de urbanización, mientras que cuando se refiere al agente urbanizador, sí se los reconoce y define como «prerrogativas». De este modo, igual que sucedía con la LRAU, se sigue tratando igual de mal a los propietarios, ya sean españoles o de otras nacionalidades, pues en esto no hacen discriminación.

La exposición de motivos del proyecto de Ley de la LUV específica «la necesidad de crear una ciudad más sostenible..., a través de la cual se planifica o define el modelo urbanístico de ciudad y lo desarrolla con la participación de los propietarios». Hay una continua referencia al desarrollo de la ciudad, pero en ningún lugar se hace mención del desarrollo urbanístico de áreas residenciales apartadas de las ciudades, en suelos rústicos de los llamados «no urbanizables» y cuyo desarrollo no cumple ningún principio de interés social o de utilidad pública, salvo el de favorecer a los grandes promotores-especuladores, que buscan un mercado entre colectivos que puedan permitirse adquirir este tipo de segundas residencias (en la publicidad se califican «de lujo»). Esto crea una doble disfunción social: por un lado, priva de su propiedad a pequeños propietarios y les hace pagar el desarrollo urbanístico (de lujo). Por el otro, establece núcleos de población estacional de los llamados de alto standing y que ahondan las diferencias sociales.

También se dice que una de las mejoras introducidas en el proyecto de LUV es la extensión del plazo para optar entre el pago en metálico o en terrenos de las cargas de urbanización de 10 días a 2 meses. Pero esta buena noticia no lo es tanto si consideramos que al propietario afectado que desee pagar en metálico la nueva ley le exige una fianza o aval bancario a favor del urbanizador, y además lo tiene que solicitar mediante escritura pública... Curiosa forma de defender los intereses de los propietarios, y curiosa manera de tratar a alguien que en ejercicio de sus derechos en un país democrático decide pagar en moneda de curso legal. Es la primera vez que vemos que en una ley se ponen trabas al pago en metálico.

Dice el Sr. Blasco que la nueva Ley, refiriéndose a los propietarios, «les obligará a costear únicamente los costes de urbanización de los servicios públicos que les afecten directamente». No creemos que esto sea una mejora, es un derecho y por lo tanto no es para echar cohetes, ya que se trata de actuar de acuerdo con los principios de equidad y honestidad que cualquier persona espera de una actuación pública.

Finalmente, frente a las críticas justificadísimas y desconfianza ante este proyecto de la nueva ley, lo que tampoco se puede hacer en los medios de comunicación (como se viene haciendo) es descalificar sin más a todas las personas y entidades críticas, diciendo que no quieren aceptar el desarrollo urbanístico de las ciudades, ni atender el pago de los costes que ayuden al mismo, o que les guían intereses personales. Tales argumentos son una mentira manipuladora y como tal un insulto a todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque el clamor social que arrecia cada vez más a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana no supone otra cosa que una lucha decidida para defender los derechos fundamentales de todos, a la propiedad, al medio ambiente saludable y sostenible, al paisaje y en definitiva a unos condiciones dignas de vida y de bienestar.

A este respecto, cabe recordar al Sr. Blasco la promesa realizada el 15 de julio de 2.004 (hace más de un año), de que el borrador de la nueva Ley no sería pasado a Las Cortes sin tener en cuenta y escuchar las propuestas y peticiones de Abusos Urbanísticos No. Una promesa no cumplida puesto que hace unos dias, en julio de este año, el PP dictaminó el «trámite de urgencia» para aprobar la nueva ley. Se trata de un prueba más del rechazo de los responsables del Gobierno de la Generalitat a todo lo que suponga una mínima participación ciudadana, al contrario que ocurre con las asociaciones profesionales y de promotores y urbanizadores más grandes.

El arquitecto y las patatas

2005-07-09T09:46:00.000+02:00

Levante 9 de julio de 2005

CHARLES SVOBODA Y ENRIQUE CLIMENT - ABUSOS URBANISTICOS NO

Don Gerardo Roger, arquitecto y profesor de Urbanismo, está en su perfecto derecho de defender la LRAU, aunque sólo fuera porque la impulsó desde su puesto de director general de Urbanismo en el Gobierno valenciano hacia 1994. Desde entonces, se ha manifestado como uno de los más cualificados defensores de la ley valenciana, y con ese bagaje carga contra el supuesto y desmesurado afán de lucro de los propietarios de suelo rústico, ya sea un patatar o una casa en el campo, a los que hace responsables del encarecimiento del suelo, y por tanto de las viviendas.

Nada dice el Sr. Roger acerca de que el dueño del patatar, o del huerto de frutales, o de una casa de campo, quiera, precisamente, que su propiedad siga con dicho destino, y se oponga a que se reconvierta en un campo de césped para el solaz de golfistas y el incremento del precio de los bungalows que se construirán pegados a los hoyos.

¿No es más cierto, Sr. Roger, que quien realmente incrementa el precio del suelo es el Agente Urbanizador, que lo obtiene a través de los permisivos mecanismos de la LRAU, y lo retiene para colocarlo en el mercado cuando entiende que el precio por metro cuadrado ha multiplicado por muchos puntos el coste que para su obtención ha tenido que sufragar?

La LRAU permite que, si alguien es propietario de un terreno rústico y carece de los recursos financieros para avalar bancariamente el pago de los gastos de urbanización en un brevísimo plazo, sufra la pérdida de la mayor parte de su terreno. Pocos meses después, el Agente Urbanizador, que es el beneficiario de tal expropiación encubierta, colocará ese suelo en el mercado inmobiliario, a precios mucho más altos que aquel por el que lo ha obtenido (multipliquen por la cifra que quieran), que no es otro que el coste de las obras de urbanización, ya convenientemente hinchado por el propio Agente Urbanizador.

El Sr. Roger, promotor de una ley atacada por la Comisión Europea y cuyos «indicios racionales de inconstitucionalidad» han sido señalados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, basa su veredicto de culpabilidad del dueño del patatar en el artículo 47 de la Constitución Española. Sin embargo, este artículo se circunscribe a tres facetas, a saber: 1, derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; 2, utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación; y 3, participación de la comunidad en las plusvalías que genera la acción urbanística.

Pues bien, si nos atenemos a la realidad de los resultados, las viviendas dignas y adecuadas son, para la LRAU y sus defensores, las situadas alrededor de los campos de golf. La interdicción de la especulación no se ha logrado con la LRAU, sino todo lo contrario. Y para entender el extremo relativo a la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, basta señalar que el número de millonarios -en euros- que ha producido la LRAU en la Comunidad Valenciana en esta pasada década es inversamente proporcional al estado de las finanzas de la Generalitat Valenciana y de los
ayuntamientos: fortunas rápidamente amasadas por Agentes Urbanizadores y profesionales connivenciales, mientras que el Erario Público se halla en un lamentable estado de déficit y endeudamiento. Sin olvidar que el propietario de terreno rústico cede de forma obligatoria y gratuita al municipio alrededor del 50% de su terreno (a veces bastante más), paga su cuota de urbanización, y al final del proceso cede gratuitamente al ayuntamiento el 10% de la edificabilidad que se le autoriza. ¿No es eso suficiente participación de la comunidad en las plusvalías?

Y como una broma de mal gusto, surge la parábola del patatero especulador, que pronto se complementará con otra gran falacia: la justificación de las expropiaciones encubiertas por la vía de la necesidad de Viviendas Protegidas. Pero no adelantemos acontecimientos. Esperemos, para contestar a esta nueva coartada de las viviendas protegidas, a que se expliciten más las posiciones de apoyo, como a buen seguro ocurrirá.

¿Para cuándo, Sr. Roger, un análisis objetivo que aborde la construcción de viviendas necesarias y dignas, y no de bungalows golfísticos? ¿Para cuándo un análisis objetivo que explicite la dimensión de las fortunas, en dinero y en bolsas de suelo, amasadas por los urbanizadores al amparo de la LRAU?

Con su análisis, Sr. Roger, está usted propiciando y protegiendo al especulador-urbanizador. Nosotros intentamos que no se sigan vulnerando legítimos derechos constitucionalmente reconocidos, y no tenemos más recompensa -si es que lo conseguimos- que el triunfo de la equidad, la interdicción de la arbitrariedad y el sostenimiento del medio natural, y todo eso junto sí que es progreso y desarrollo sostenible.

System failure

2005-06-24T11:42:00.000+02:00

Información, 24/06/05 (translation)

By Charles Svoboda

The European Parliament Petitions Committee mission to the Valencian Community has created controversy between two Valencian Euro MPs, Mr J.M. García-Margallo (PP) and Mr J. Calabuig (PSOE), with a recent cross-fire of declarations and open letters. Abusos Urbanísticos No (AUN) is not engaged in a partisan struggle; we therefore have no intention of siding with either of the parties represented by the respective Euro MPs. We are however very pleased that the veil of silence which for so many years has hidden urbanistic abuse has finally fallen away and the parties are starting to discuss these matters openly. After all, that is what they are there for: to address the problems which really affect people.

We cannot however allow one of Mr García-Margallo's declarations to go unanswered. According to this PP Euro MP, "the LRAU was passed by you, the Socialists, and then applied later by the PP government. The law was accepted by everyone at the time, and more importantly was accepted by the Constitutional Court which has responsibility for ensuring the probity of legislation." However, citizens should be aware that not everyone thought the LRAU was fine at that moment and the Constitutional Court certainly did not do so.

The declarations made by Mr José Joaquín Ripoll, PP Spokesman on the Public Works Committee in the Valencian Cortes, during the parliamentary debate on the LRAU Bill on 3 April 1994, are worthy of note. He considered that the LRAU "was extremely arbitrary" and that property owners "were less protected, were accused of speculation and consequently swept out of the way". We would be the last to contradict the present Chairman of the Alicante Diputación.

The LRAU was passed on 11 November 1994, with the PP and Unión Valenciana voting against. Furthermore, the PP announced at that time it would possibly derogate the law when the party came to power. On 15 November 1994, the press published declarations made by the President of the Valencian Builders' Federation, Mr Alfredo Corral Cervera, who considered that the new law "undermined property rights" as "the owner is left defenceless when it comes to defending his property". According to Mr Corral the LRAU "would be very negative, would create many problems for small and medium-sized companies, would facilitate the activities of pressure groups and would give big financiers monopoly control of the supply of building land."

In other words, the LRAU did not please all of the people at that time. And, what is more important, nor was it fine by the Constitutional Court since it had never examined the constitutionality of the LRAU.

On 15 October 2001, the High Court of Justice of the Valencian Community questioned the constitutionality of certain precepts of the LRAU, in particular that it infringed national legislation on public works contracting.

On 16 July 2002, the Constitutional Court found this case inadmissible strictly for technical reasons and did not examine the question in depth. In other words, the Constitutional Court did not have either a good or a bad opinion of the LRAU, for the simple reason that it had never examined its compatibility with the Spanish Constitution.

This came about because the question of unconstitutionality should have been raised in the first three months after the law came into force, at the beginning of 1995, before the law got into its stride. As property rights are not covered by "recurso de amparo" (highest constitutional protection), the only way that the Constitutional Court would examine the constitutionality of the LRAU would be for a Valencian Court to raise the question again. For whatever reason, no further case has ever been brought to the Constitutional Court, although numerous petitioners have wished to do so. The result: a law which "can be rationally described as unconstitutional" has been in force for more than ten years without having been examined by the highest tribunal in the land.

Faced with this desolate panorama, we can only say "thank goodness that we are in Europe". The European Commission does take its mission as guardian of the Community Treaties seriously and makes sure that Member States fulfil their obligations. In July 2004, Abusos Urbanísticos No (AUN) presented a formal complaint against the LRAU on exactly the same grounds as those indicated at the time by the Valencian High Court: infringement of European norms on public works contracting. Nine months later, the Commission started an infringement procedure against Spain, considering that the LRAU infringes European Directives on public procurement, and does not respect Articles 43 to 55 of the European Union Treaty or the general principles laid down by the European Court of Justice. In other words, the European Commission has come to the same conclusion in 2005 as the Valencian High Court in 2001 and on the same question the Spanish Constitutional Court did not wish to examine at the time for technical reasons.

Can we not argue that this is "system failure" given that we have to seek redress in Brussels because the Spanish justice machine has failed to address the problem?

Algo falla en el sistema

2005-06-24T08:40:00.000+02:00

INFORMACION, 24-6-05

CHARLES SVOBODA

La visita de una delegación de la comisión de peticiones del Parlamento europeo a nuestra Comunidad ha dado lugar a una polémica entre dos eurodiputados valencianos, el popular don José Manuel García-Margallo y el socialista don Joan Calabuig, que han cruzado recientemente declaraciones y cartas abiertas.La lucha de Abusos Urbanísticos No (AUN) no es una lucha partidista, por lo que no tenemos ninguna intención de entrar en el debate entre los partidos a los que representan ambos eurodiputados. Muy al contrario: nos felicitamos de que por fin haya caído el telón de silencio que ha ocultado durante tantos años los abusos urbanísticos, y que los partidos empiecen a discutir de estos asuntos. Para eso están: para ocuparse de los problemas que preocupan a los ciudadanos.
Sin embargo, hay una frase del señor García-Margallo a la que no podemos dejar de responder. Afirma el eurodiputado popular que «La LRAU fue una ley aprobada por vosotros, los socialistas, y aplicada luego por el Gobierno del Partido Popular. A todos nos pareció bien en su momento y, lo que es más importante, le ha parecido bien al Tribunal Constitucional que es el encargado de velar por la pureza de las leyes». Los ciudadanos deben saber que ni a todos les pareció bien la LRAU en su momento, ni le ha parecido bien al Tribunal Constitucional.
En efecto, el 3 de abril de 1994, durante la discusión parlamentaria de la LRAU (entonces todavía en proyecto), la prensa recogía las declaraciones de don José Joaquín Ripoll, portavoz del Partido Popular en la comisión de Obras Públicas de las Cortes Valencianas, en las que consideraba que en la LRAU «la arbitrariedad se eleva a la máxima categoría», y afirmaba que los propietarios de te rrenos «quedan menos protegidos; les echan la culpa a ellos de especular y entonces los quitan de en medio». No seremos nosotros quienes quitemos la razón al hoy presidente de la Diputación de Alicante.
La LRAU fue aprobada el 11 de noviembre de 1994, con los votos en contra del Partido Popular y Unión Valenciana, y el PP anunció la posibilidad de derogarla cuando llegara al poder. El 15 de noviembre de 1994, la prensa se hacía eco de las declaraciones del presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, don Alfredo Corral Cervera, que consideraba la nueva ley «un atropello al derecho de propiedad del suelo», puesto que «el propietario queda en indefensión a la hora de defender su propiedad». Según el señor Corral, la LRAU «va a ser muy negativa, y creará muchos problemas a las pequeñas y medianas empresas, ya que va a facilitar la acción de los grupos de presión y va a convertir la oferta del suelo en un monopolio de los que tengan gran capacidad financ iera».
O sea, que la LRAU no le pareció bien a todos en su momento. Y, lo que es más importante, tampoco le ha parecido bien al Tribunal Constitucional, puesto que el Tribunal Constitucional nunca ha entrado a examinar la constitucionalidad de la LRAU.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por auto de 15 de octubre de 2001, planteó la inconstitucionalidad de varios preceptos de la LRAU, al entender que violaba la legislación nacional sobre contratos públicos. Mediante auto de 16 de julio de 2002, el Tribunal Constitucional decidió «inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad», por razones estrictamente formales y sin entrar a valorar el fondo de la cuestión. Es decir: que al Tribunal Constitucional no le parece ni bien ni mal la LRAU, simplemente porque nunca ha examinado su compatibilidad con la Constitución española.

Y ello ocurre porque el recurso de inconstitucionalidad contra la LRAU sólo se pudo haber planteado durante los tres primeros meses de su vigencia, allá por 1995, cuando aún no había siquiera echado a andar la ley. Por otra parte, el derecho a la propiedad no es susceptible de recurso de amparo, así que la única posibilidad de que el Tribunal Constitucional examine si la LRAU respeta las garantías constitucionales españolas es que un órgano jurisdiccional valenciano decida plantear otra cuestión de inconstitucionalidad. Por las razones que fuere, ninguna otra cuestión ha sido enviada al Constitucional, y no precisamente porque las partes hayan dejado de solicitarlo. Resultado: una ley respecto de la que hay «indicios racionales de inconstitucionalidad» ha estado en vigor durante más de diez años sin haber pasado ningún control de constitucionalidad por el más alto tribunal español.
Ante este panorama desolador, sólo nos cabe decir que... menos mal que estamos en Europa. Porque la Comisión Europea, en su misión de guardián de los tratados comunitarios, vigila que los Estados miembros cumplan sus obligacio nes. Así que en julio del año pasado Abusos Urbanísticos NO (AUN) presentó una denuncia formal contra la LRAU por la misma razón que indicó en su momento el alto tribunal valenciano: incumplimiento de la normativa europea sobre contratos públicos. Nueve meses después, la Comisión iniciaba un expediente sancionador contra el reino de España, por entender que la LRAU vulnera las Directivas comunitarias sobre contratos públicos, así como los artículos 43 a 55 del Tratado de la Unión Europea, y los principios generales indicados por el Tribunal Europeo de Justicia. O sea: la Comisión Europea viene a decir en 2005 lo mismo que decía el Tribunal Superior de Justicia Valenciano en 2001, y sobre lo que no se pudo pronunciar el Constitucional por razones formales.
¿No creen ustedes que algo falla en el sistema, cuando tenemos que recurrir a Bruselas para que constaten desde allí lo que no se ha querido constatar aquí?

Europa y el urbanismo valenciano

2005-06-03T16:00:00.000+02:00

EL PAÍS - 31-05-2005

TRIBUNA: CHARLES SVOBODA Y ENRIQUE CLIMENT

Charles Svoboda es presidente de la plataforma Abusos Urbanísiticos No y Enrique Climent, vicepresidente

En julio de 2004, desde la plataforma Abusos Urbanisticos No (AUN) presentamos ante la Comisión Europea una denuncia formal contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística valenciana (LRAU), por violar la normativa europea sobre contratos públicos. El 21 de marzo de 2005, el ejecutivo comunitario nos ha dado la razón en primera instancia, iniciando un expediente sancionador contra España al considerar que la LRAU vulnera las Directivas comunitarias sobre contratos públicos, así como los artículos 43 a 55 del Tratado de la Unión Europea, y los principios generales indicados por el Tribunal Europeo de Justicia, en particular el principio de igualdad de trato entre los distintos licitadores que optan a urbanizar una determinada zona.

¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es su trascendencia para la actual situación del urbanismo valenciano?

La legislación europea en la materia tiene por finalidad que los poderes públicos dispongan de la menor libertad posible a la hora de adjudicar contratos públicos, con objeto de evitar el favoritismo y la corrupción. Para ello impone estrictas obligaciones que tratan de garantizar la igualdad de trato de todos los competidores, e intentan "atar las manos" de la entidad pública (en este caso, ayuntamiento) con el fin de que adjudique el contrato a la oferta más ventajosa para el erario público (y, por tanto, para el bolsillo de los ciudadanos afectados, que son los que pagan en última instancia).

Desde Abusos Urbanísticos No (AUN) hemos venido denunciando que la LRAU permite todo tipo de arbitrariedades, impide la competencia, y abre la puerta a la corrupción al otorgar al ayuntamiento y al urbanizador poderes exagerados que no están sometidos a ningún tipo de control. Corrupción con mayúsculas, pero difícil de identificar y de explicar, porque es de cuello blanco y goza de toda la protección que le otorga la enorme complejidad del urbanismo. ¡Bastantes dificultades tenemos los afectados para entender la ley y explicar sus subterfugios en las instancias correspondientes!

¿Y qué es lo que dice la Comisión Europea? Pues por ejemplo que, cuando un agente urbanizador ha dispuesto de todo el tiempo del mundo para presentar un plan de urbanización mientras que a los competidores se le dan sólo 20 días, se viola el principio de igualdad de trato entre los candidatos, impidiendo así que otros licitadores puedan competir de forma efectiva con quien inició el procedimiento. Nuestra interpretación: si no hay igualdad de trato, puede haber favoritismo, arbitrariedad y corrupción.

Otro ejemplo: en el procedimiento simplificado (artículo 48 LRAU), ni siquiera es necesaria la aprobación del ayuntamiento, pudiendo un candidato a agente urbanizador iniciar el procedimiento desde una notaría. Dice la Comisión: "En este caso, la violación del principio de igualdad de trato es todavía más clara, puesto que el primer candidato fija las condiciones que los demás candidatos deberán respetar, sin intervención a priori del ayuntamiento". Nuestra interpretación: favoritismo, arbitrariedad y corrupción, pero de forma todavía más clara.

Dice muchas más cosas la Comisión, hasta llegar a lo que consideramos la clave del perverso sistema de la LRAU: la oferta de precios que hacen los urbanizadores "sólo debe estimar, siquiera sea de manera preliminar y aproximada, los costes de la obra" (artículo 32.D.2º LRAU). Según la Comisión, ello viola el Tratado de la Unión Europea y el principio de igualdad de trato, dado que, al no haber un precio cierto, el Ayuntamiento dispone de una "libertad incondicional" para elegir a quien le venga en gana, "ya que las ofertas de los competidores no pueden ser efectivamente comparadas".

Traducción: las obras se adjudican sin precio cerrado. Más o menos, como si cualquiera de ustedes encargara reformas en su casa, y en vez de ajustar el precio antes de empezar las obras, dejara que lo fijen más adelante entre el contratista y el ayuntamiento. ¿Consecuencias? En el sistema de la LRAU, el candidato preferido por un ayuntamiento "non sancto" puede rebajar sin problemas el precio de su oferta para conseguir el contrato, porque una vez que se lo adjudiquen podrá aumentar los costes hasta donde le plazca, con la seguridad de que el ayuntamiento se los va a aprobar, en virtud de la "libertad incondicional" de que goza, según reconoce -y censura- la Comisión Europea. ¿Y quién paga? El pobre propietario de los terrenos, también llamado por algunos "beneficiario" de la urbanización. No olvidemos que, cuanto más cara sea la obra urbanizadora, menos posibilidades tendrá el afectado de pagar en metálico, y deberá retribuir al urbanizador en terrenos, llegando a darse el caso de propietarios que han perdido el 85% de su terreno. Y no estamos hablando de latifundios, sino de la pequeña propiedad de un agricultor o de un simple ciudadano que decidió vivir en el campo. Consecuencia: una ley que había sido concebida para evitar la concentración de terrenos en manos de los especuladores, ha provocado exactamente el efecto contrario: los urbanizadores se hacen con enormes cantidades de terreno gracias al perverso sistema de una ley que parece tener más vidas que un gato, porque no paran de prometer su derogación, pero ahí sigue, coleando cada vez con más fuerza.

El pronunciamiento de la Comisión Europea, que coincide con los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al plantear la inconstitucionalidad de la LRAU en 2001, tiene consecuencias muy importantes. En nuestra opinión, cualquier juzgado o tribunal puede negarse a aplicar la LRAU, en virtud del principio de primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional. Además, el sentido común exige una moratoria urbanística inmediata, que no significa que se paren las obras y se deje de construir, sino que se dejen de aprobar nuevos planes de urbanización al amparo de la LRAU, puesto que su validez puede ser impugnada ante cualquier tribunal, y puede dar lugar a la ruina económica de los ayuntamientos que los aprueben (ya que deberían hacer frente a indemnizaciones multimillonarias), así como a la responsabilidad personal de los alcaldes y concejales que sigan adelante con la aplicación de una ley ilegal.

Los políticos han sido incapaces de solucionar una situación que causa escándalo a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a diecisiete embajadores comunitarios, al Sindic de Greuges... El conseller Blasco, en lugar de instar su inmediata derogación, nos dice que vayamos a los tribunales. Pues allí iremos. Nuestros argumentos están en el dominio público, a disposición de todos los afectados, en la página www.abusos-no.org. Allí encontrarán, por ejemplo, un modelo de recurso para impugnar las actuaciones previas a la aprobación de cada plan de urbanización. Por violación de las normas europeas sobre contratos públicos y sobre medio ambiente, y por violación de las garantías constitucionales (derecho a la propiedad, a la tutela judicial efectiva...). No nos lo ponen fácil, pero estamos defendiendo la legalidad y los derechos fundamentales, y más temprano que tarde vamos a acabar con este desafuero. Venceremos

Ley urbanística por alusiones

2005-06-03T00:12:00.000+02:00

Enrique Climent

EL PAÍS - 03-06-2005
Pues no, señor Grimalt, nunca he tenido la intención de convencerle de nada, es más no estoy interesado en ello, ni poco, ni mucho, aunque sólo sea porque no creo que convencerlo a usted de algo sirva para maldita la cosa.
Por otra parte gratuita, tampoco usted convence, y dudo que pueda convencer a nadie de las bondades con las que viste al proyecto de la Ley Urbanística Valenciana. Las razones se las hemos facilitado en varias ocasiones a la Conselleria de Territori i Habitatge, lo que ha sido una perdida de tiempo.

No voy a pasar por alto su fantástica exposición sobre la LRAU de 1994 y los males que ha generado, que son muchos, que según usted van a arreglar con la nueva ley, como si estuviéramos en 1995, pues no, en 2005, once años después de administración de su partido y de aplicación indiscriminada y pervertida de la ley.

Como Ud. dice "ha traído de cabeza a más de un pequeño propietario", si por traer de cabeza, quiere decir arruinar, y por más de un pequeño propietario, quiere decir unos cuentos miles de pequeños propietarios.

Tanto la LRAU como su flamante LUV olvidan muchas cosas, entre ellas que nuestra Comunidades es esencialmente minifundista, y ambas leyes están hechas para comunidades con grandes propiedades.

Finalmente, en ningún momento nos hemos planteado vencer a nadie. Esto no es una guerra. Nosotros defendemos nuestros derechos de ciudadanos, y defendiéndolos, defendemos los de aquellas personas que también se han visto, se ven o están amenazadas en los suyos propios. Defendemos esos derechos, porque el hecho de ganar en las urnas unas elecciones no les legitima para pasar por encima de ellos, ni a usted ni a nadie.

The LRAU and tales of the "Gran Capitan"*

2005-05-24T18:05:00.000+02:00

Once upon a time, when a town hall wanted to develop an area, it had to set in motion a democratic, public and transparent process. Neighbours were informed about the municipal plans and could appeal against one plan, namely the one presented by the town hall. In many cases, during electoral campaigns, political parties would take a stance on the suitability of developing or not. This gave citizens the impression that they knew what the party they voted for would do. Finally, the affected neighbours had to pay their share of the development costs, in the form of special taxes.

The following should be noted. The town hall, subject to budget limitations, could undertake only the public works strictly necessary to the public interest. And, of course it had to respect public procurement legislation. What did this entail? First, it had to draw up specifications (conditions of contracts for tenders), explaining exactly what it wished to do. Secondly, it had to publish its plans in the national Official Journal (and, where appropriate, in the Official Journal of the European Union), so that companies could submit a bid. Finally, the town hall had to choose the most favourable tender, and its discretionary powers were limited by a series of objective criteria that had to be respected.

Then came the LRAU. This law allows developers to boldly go, pouring concrete on the most unimaginable places on the coast or in the mountains of Valencia, with a free hand, which is the envy of developers world-wide. Is this a model of sustainable, environment-friendly development, of a means for creation of wealth for future generations, and is it a perfect example of town and country planning? Does this fall in a democratic framework of citizen participation and social sharing of urban benefits? Has it resulted in a rapid and sustained reduction in the price of housing in the Valencian region?

Thanks to the LRAU, the citizen does not need to read political party promises on town and country planning. Everything is taken care of by the "Agente Urbanizador" ("urbaniser") (Article 44 of the LRAU: individual initiative). The "Agente Urbanizador" submits his development project just after the municipal elections, to avoid anyone falling into the fatal temptation of asking the neighbours for their opinion on the matter. The "urbaniser" does not need to own the land (not even a part of it), and does not have to bother notifying the unfortunate people who made their home there.

If we wanted to speak ill, we could say that the first developer to present a plan has had as much time as he wanted to prepare it and he chooses the best time to launch it. He holds all the cards. Other possible candidates are not in the deal. But, let us give the process the benefit of the doubt, continue to believe in the equality of opportunity and explain how the LRAU says things should be done.

The town hall informs the public very clearly and definitively: "Here is someone who wants to do something with a certain area of land. We do not say either "yes” or "no", but if anyone else wants to do something, let him say so." Then it is published in the Official Journal of the Valencian Government, and during a period of between 20 and 40 days, other contenders can present alternative plans. What is the aim of this exercise? Is it to choose the best project to develop a zone in the public interest, or to beat the speed record for the preparation of plans? Forty days may or may not be a reasonable period to prepare an alternative development plan for a few hectares, but can anyone believe that it is possible to draw up a complete development project for an area of several million square metres in this short time? The problem is that in our region, decisions like this are made almost daily.

Let us now look a little more closely at the process of fair competition between the contending developers. One of them has had years to prepare the project, while others have had only between 20 and 40 days to present an alternative plan. So, once the 40 days are up anyone (article 46(1) LRAU) can tender to carry out the contract. So what are we complaining about? If "anyone" (that means you or I) can make an offer, where are we going to find a more democratic system favouring fair competition?

However, there are two small points which should not be overlooked. The town hall has still not decided which project to approve (it might approve one or none at all); and the time limit to present offers is … five days. The competition is carried out blind, because all the projects presented have to be examined and an offer put forward for each one of them, or the risk has to be taken of tendering for some, and not for others. There is no time and therefore, effectively, there is no competition.

Let us be clear. We are not talking about contracts for a few metres of roadwork, but contracts of 100 million euro and more. Don't forget that for any contract over 5 million euro, Spanish and European law require the public authority to set exact, detailed specifications and to publish them in the Spanish Official Journal and in the Official Journal of the EU, thereby giving any enterprise in Europe the possibility to tender for the contract. With what aim? The public authority can choose the best offer in the public interest and at the least cost for the taxpayer. The LRAU lays down exactly the opposite. Official specifications (general clauses and conditions of public works) are not set, and therefore are not published at Spanish or Community level. Neither transparency nor fair competition.

So now, all the tenders are in. The moment of decision: the town hall can approve a plan or refuse any one of them. It can also approve a plan subject to modifications which it believes appropriate, and then decide which developer(s) will carry out the work. All this, following criteria which have nothing to do with Spanish or EU legislation. In clear speak, the town hall can do what the hell it wants. There are no tender specifications, therefore the developers put forward completely distinct projects. How is it possible to make a fair and objective comparison between, e.g., a plan for detached houses with a golf course, and another with 3-floor apartment blocks and a conference hall? If the works to be evaluated have nothing in common, how can a cost-effective decision be made?

The reader may find the provisions of Article 47(5) of the LRAU interesting. The town hall must decide, first of all, what has to be done, and it chooses company A's project. But then, it must decide who will carry out the work. It is then obliged to give the contract to company Z which put in a cheaper offer. Well, despite everything company A (that the town hall had in mind from the outset) gets the contract anyway, providing it will work for the same price that company Z put forward. The contender "in pectore" gets the job anyway. Well, let us not think too badly about all this. After all, where is the harm, if the cost ends up being the same?

Well the harm is, that the cost will not end up being the same. The cost will be fixed by the town hall and the urbaniser. They can do this quite freely. The town hall fixes the "urbanisation" charges based on a "memorandum and detailed and justified accounts" presented by the urbaniser (Article 72(1)(a) LRAU). In other words, if the town hall and the developer agree, the existing residents, so-called "beneficiaries" of the work, can start trembling, because there are no control mechanisms foreseen in the law. Not a single one. How can it be that a public authority and a developer can agree to fix the final cost of public works, and that they are not bound by the initial tender which was officially adjudicated? Why is the original bid, which should have protected the interests of the affected residents, not respected?

Development plans under the LRAU are approved on the basis of a global estimate with no breakdown of development costs, making it impossible to check on quantities and measurements. The conclusion is obvious: excessive budgets resulting in "urbanisation" charges out of all proportion to reality. Furthermore, if the resident "beneficiary" of the development cannot pay the astronomical costs, then he has to give up more land. To sum up. This is what we are trying to get at. The "urbaniser" grabs enormous tracts of land thanks to the corrupt practices allowed, and even fostered, by the LRAU. Here is a naïve question for those who defend the good works of the LRAU. When you want work done in your home, do you ask the town hall to find you a builder and they fix the price between them, or do you find the best deal for yourself and settle directly with the tradesman?

These are tales from the "Gran Capitan". Tales of land grab and destruction of the environment in the Valencian region. All the arguments which we have put forward here were presented in July, with a wealth of detail, to the European Commission in a formal complaint. Of special note in this document were nine development projects for Sant Joan d'Alacant amounting to more than 100 million euro. Cold, objective analysis, in line with the arguments put forward by the Tribunal Superior de Justicia of the Valencian region when, in 2001, it called into question the constitutionality of the LRAU. We are not bluffing. We mean what we say. We are defending the law and the basic rights of everyone who lives in the Valencian region.

Charles Svoboda Enrique Climent

* The Catholic Kings sent the “Gran Capitán” to Naples. He was very successful, and conquered several towns. But when he was asked to show the accounts of the expedition, he answered ironically, submitting arbitrary and exorbitant accounts, such as: “perfumed gloves so that soldiers do not have to breathe the smell of the battle: 200 million ducados… and for the patience to have to justify these minor details to a King to whom I have offered a kingdom: 100 million ducados”.

La LRAU y las cuentas del Gran Capitán

2005-05-24T15:47:00.000+02:00

Informacion 24 1 2005
CHARLES SVOBODA De Abusos Urbanísticos No (AUN)
Este articulo ha sido firmado también por Enrique Climent, Vicepresidente de AUN

El pasado mes de julio denunciamos ante la Comisión Europea que la LRAU viola la legislación comunitaria sobre contratos públicos, y pusimos como ejemplo nueve proyectos de urbanización en Sant Joan d´Alacant. Nuestra argumentación coincide con la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cuando planteó la inconstitucionalidad de la LRAU en 2001, y con la del Síndic de Greuges en los dos informes publicados en 2004. Esperamos que se constate cuanto antes la ilegalidad de esta norma y se exija a todos los «listos» que se han forrado gracias a ella que indemnicen los daños y perjuicios ocasionados.La LRAU permite que un candidato a Agente Urbanizador presente un proyecto para urbanizar unos terrenos, sin necesidad de ser su propietario ni de notificar a los legítimos propietarios. Este candidato dispone de todas las ventajas, ya que ha tenido todo el tiempo que ha querido para preparar su proyecto y negociar con el ayuntamiento, y lo presenta en el momento que más le conviene.
El ayuntamiento publica un anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat, y da un plazo que oscila entre 20 y 40 días para que otros posibles candidatos presenten sus proyectos alternativos. Y el observador se pregunta: ¿se trata de elegir el mejor proyecto para urbanizar una zona en defensa del interés público, o de batir el record de velocidad en la preparación de proyectos? ¿De verdad alguien piensa que se puede hacer en 40 días un proyecto completo de urbanización de un área de varios millones de metros cuadrados, como ocurre casi a diario en nuestra Comunidad?
Dicen sus defensores que la LRAU ha introducido la competencia, ya que, una vez que acaba el plazo para presentar proyectos alternativos, cualquiera -artículo 46.1 LRAU- puede presentar una oferta de precio para ejecutar el contrato, con lo que estaría asegurada la competencia. Sin embargo, hay dos importantes detalles a tener en cuenta: el ayuntamiento aún no ha decidido qué proyecto va a aprobar, y el plazo para presentar las ofertas es de... cinco días. O sea: que el posible competidor tendría que examinar todos los proyectos presentados, y presentar una oferta para cada uno de ellos, o arriesgarse a ofertar por unos sí y otros no... y todo ello en cinco días. De manera que la «competencia» de la LRAU juega deprisa y corriendo, y juega a ciegas. O sea, que no hay competencia. Y no estamos hablando de contratos para asfaltar cinco metros de calzada, sino de jugosísimos contratos que con frecuencia están por encima de los 100 millones de euros.
A continuación, el ayuntamiento aprueba un plan, y tiene también que decidir quién ejecuta las obras, todo ello sin estar sujeto a los estrictos criterios que exige la legislación española y europea. Al no existir pliego de condiciones, se abre la puerta a la arbitrariedad más absoluta, ya que cada alternativa propone obras distintas: ¿Cómo se pueden comparar los precios, si cada uno de los candidatos propone proyectos distintos, y por consiguiente obras distintas? ¿Cómo comparar un proyecto que propone construir viviendas unifamiliares y un campo de golf, con otro que propone edificios de tres pisos y un palacio de congresos?
¿Piensan que exageramos hablando de arbitrariedad? Léanse el artículo 47.5 de la LRAU, porque no tiene desperdicio. El ayuntamiento debe decidir primero lo que hay que hacer, y elige el proyecto de la empresa A -de «Amiga»-; pero luego ha de decidir quién lo hace, y se ve obligado a atribuir la ejecución de las obras a la empresa B -de «Barata»- porque ofrece un precio más económico. Bueno, pues a pesar de ello, la empresa Amiga será la que al final ejecute las obras... si acepta las mismas condiciones que propuso la empresa Barata. Es decir, que si el ayuntamiento quiere elegir a la empresa Amiga, la elegirá pase lo que pase. Sin embargo, no seamos demasiado malpensados. ¿Dónde está el problema, si el precio va a ser el mismo?
El problema está en que el precio nunca será el mismo, porque a estas alturas aún no hay precio. La LRAU permite adjudicar las obras de urbanización sobre la base de un presupuesto global -«estimación, siquiera sea preliminar y aproximada, de los costes de la obra urbanizadora», artículo 32.D.2º de la LRAU-, en el que no aparecen desglosados los costes de urbanización, lo que impide que se puedan controlar y corregir las mediciones. Así que el precio puede variar en cuanto lo acuerden el ayuntamiento y el urbanizador, que fijan las cuotas de urbanización en condiciones de libertad casi absoluta. En otras palabras: si el ayuntamiento y la empresa Amiga están de acuerdo... échense los vecinos «beneficiarios» a temblar, porque les harán pagar los gastos que les venga en gana, sin ningún mecanismo de control, y sin ninguna obligación de respetar la oferta inicial, que no era más que una estimación preliminar y aproximada. ¿Dónde se ha visto que el precio final de una obra pública lo fijen de común acuerdo la entidad pública y el adjudicatario sin estar ligados por el precio inicial de la oferta? ¿Dónde están las licitaciones con precio cerrado, en garantía de los ciudadanos que pagan?
La consecuencia de este delirante sistema es clara: presupuestos excesivos, que se plasman en cuotas de urbanización abusivas. Y si la víctima «beneficiaria» de la urbanización no puede pagar en metálico las cuotas que se le exigen... tendrá que ceder más terreno. Es precisamente ahí donde se manifiestan con más claridad los efectos perversos de la LRAU: el urbanizador se hace con enormes cantidades de terreno gracias a las corruptelas que permite -y casi diríamos que incentiva- la LRAU. Pregunta ingenua dirigida a los defensores de las bondades de la LRAU: cuando construyen sus mansiones o hacen reformas en ellas ¿las encargan al contratista que les presenta una «estimación, siquiera sea preliminar y aproximada, de los costes de la obra», o buscan la mejor oferta, acuerdan un precio cerrado y no pagan un céntimo más de lo acordado ?

LA LRAU Y LOS ABUSOS URBANISTICOS

2005-05-05T18:19:00.000+02:00

INFORMACION, 22-05-05 (Suplemento VIVIENDA)

CHARLES SVOBODA Y ENRIQUE CLIMENT

Abusos Urbanísticos NO

A mediados de 1995, Jacques Chirac fue elegido presidente de la República Francesa, después de 14 años de mandato del socialista François Mitterrand. Aproximadamente en las mismas fechas, Eduardo Zaplana llegó a la presidencia de la Generalitat Valenciana, tras 12 años de gobierno socialista en la región.

¿Se imaginan ustedes que, en 2005, el presidente Chirac se defendiera de las críticas contra su gestión diciendo que la culpa la tiene una perversa ley que aprobó Mitterrand (q.e.p.d.), pero todo se va a arreglar porque su gobierno la va a modificar diez años después? Claro que no se lo imaginan, porque eso sería una tomadura de pelo inimaginable en un Estado democrático y en una sociedad avanzada: las leyes malas se derogan, y en política diez años son una eternidad.

Bueno, pues eso es ni más ni menos lo que está ocurriendo en nuestra Comunidad Valenciana, donde el presidente Camps y su conseller Blasco parecen haber descubierto la pólvora. Resulta que la perversa LRAU… ¡¡ la hicieron los socialistas en 1994 !! . Quien quiera tirar de hemeroteca descubrirá lo acertadas que eran las críticas del Partido Popular en 1994, cuando denunciaba que la LRAU “abría la puerta a la arbitrariedad”, anunciando su derogación apenas llegara al poder. Lástima que, cuando empezaron a aparecer las arbitrariedades, los populares, ya desde el gobierno valenciano, aparcaran su intención de derogar la LRAU y decidieran mirar para otro lado.

Diez años después, en julio de 2004, el Consell aprobó un acuerdo en el que recomendaba a los ayuntamientos aplicar “los principios que informan la nueva legislación urbanística valenciana”, cuya tramitación estaba entonces muy avanzada, según rezaba el acuerdo del Consell. Tan avanzada estaba que, a fecha de hoy, ni siquiera ha sido remitida a las Cortes Valencianas. ¿No se está rozando peligrosamente la prevaricación al mantener en vigor una ley que el mismo gobierno valenciano ha calificado de “perversa” y ha pedido que no se aplique?

Mucho nos tememos que a la LRAU le queda mucha vida por delante, con este nombre o con el de Ley Urbanística Valenciana (LUV), proyecto de lavado de cara a cargo del conseller Blasco, que en su estado actual no deja de ser una pura y simple estafa legal: cambiar algo (lo mínimo, y cuanto más tarde mejor) para que todo siga igual.

Sin embargo, no nos malinterpreten: la responsabilidad por el estado de emergencia urbanística y medioambiental en el que vive nuestra región no es sólo de quien desde hace diez años dirige el gobierno valenciano. Un desastre tan extendido y tan sistemático no puede ser obra de un único demiurgo, sino que cuenta con la inestimable ayuda de muchos ayuntamientos (aunque afortunadamente no todos), en connivencia con “empresarios” que sólo viven para el dinero fácil (negro, si es posible, y con voluntad de viajar rápidamente hacia paraísos fiscales), y que dicen “crear empleo” cuando lo único que hacen es dejar caer unas cuantas migajas en forma de empleo precario, guardándose para ellos la tarta, los cubiertos y la vajilla.

En el sistema tradicional de corrupción urbanística, el propietario de unos terrenos rústicos pedía al ayuntamiento que se los recalificara, y compartía con el político corrupto la plusvalía generada. Sin embargo, todo se moderniza y en Valencia estamos a la cabeza de la innovación. La LRAU permite un nuevo sistema, mucho más fashion, más a juego con el traje de brillo y la delincuencia de cuello blanco: un agente urbanizador le pide al ayuntamiento que recalifique el terreno y la casa de unos terceros (los supuestos “beneficiarios” del proceso urbanizador), y si todo va bien (que irá bien, de eso se encarga el político) se repartirán entre ediles y urbanizador los terrenos, las casas y las plusvalías. Para rematar la faena, al propietario expoliado lo denigrarán como “miembro de un club de intereses”, “privilegiado”, o “titular de una infravivienda”.

Por cierto, que a quien se vanagloria de traer el progreso a zonas donde sólo había “infraviviendas que vierten a fosas sépticas”, habría que darle una vuelta por Toscana, Provenza o la Costa Azul. Qué atraso que en esas zonas, donde se cuida de verdad la belleza del entorno y se consigue atraer un turismo de alto poder adquisitivo, se llame “casa con encanto” y se proteja legalmente lo que aquí se denomina “infravivienda”. Por favor, que les manden ya una LRAU debidamente traducida al francés y al italiano. Solidaridad europea ante todo.

Y hablando de traducciones, apliquen por favor la Constitución Europea: en valenciano, en castellano, o en estonio. Artículo II-77: “Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida”.

En la Comunidad Valenciana, los legítimos propietarios de terrenos y viviendas adquiridos legalmente no pueden usarlos, disponer de ellos ni legarlos, si tienen la desgracia de que se encapriche de ellos algún urbanizador bien conectado. Aquí la perversión del concepto de “utilidad pública” justifica expolios de terrenos para construir campos de golf e incluso urbanizaciones que sólo sirven para blanquear dinero. Marbella no está tan lejos…

Referido en el diario INFORMACION, el 13 de enero de 2005

2005-01-13T18:38:00.000+01:00

COMUNICADO A LA PRENSA.

Referido en el diario INFORMACION, el 13 de enero de 2005.

Abusos Urbanísticos NO (AUN) se felicita de que el conseller Blasco, que se negó a reunirse con los eurodiputados que visitaron la Comunidad Valenciana el pasado mes de mayo, se haya dado cuenta por fin de la importancia del Parlamento Europeo, y esté preparando una respuesta al demoledor informe que aprobó la Comisión de Peticiones.

Seis meses después de recibir el varapalo europeo, el conseller acusa a los propietarios extranjeros y españoles afectados por la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), de haber construido en suelo rústico al amparo de una legislación permisiva, ocupando, además, parcelas donde no existe ningún tipo de infraestructura de saneamiento.

A medio camino entre la indignación y la carcajada, exigimos al Sr. Blasco, miembro del gobierno socialista valenciano cuando fue aprobada la LRAU, y miembro del gobierno popular valenciano mientras se han producido los abusos urbanísticos, que entable inmediatamente querellas por prevaricación contra:

- todos y cada uno de los alcaldes y concejales de urbanismo que han legalizado construcciones en zona rústica que en su día fueron ilegales.

- todos y cada uno de los diputados que votaron la ley según la cual era legal construir en un terreno rústico de más de diez mil metros cuadrados.

- todos y cada uno de los notarios, registradores de la propiedad, tasadores, bancos y agencias inmobiliarias que han intervenido en las sucesivas compraventas de estos bienes inmuebles cuya ilegalidad acaba de descubrir el Sr. Blasco.

El conseller Blasco haría bien en aplicar las recomendaciones del Síndic de Greuges, que se vio obligado a realizar dos informes especiales el pasado año, ante la magnitud de los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana. Recordemos que el borrador de Ley Urbanística Valenciana sólo recoge cinco de las trece recomendaciones que el Sindic considera indispensables para defender los intereses de los ciudadanos afectados, mientras que rechaza cuatro de ellas, y acepta sólo de forma parcial otras cuatro.

Por muchas cortinas de humo que se quieran seguir lanzando, siguen sin respetarse los derechos fundamentales, y se sigue violando la legislación europea sobre contratación pública y protección del medio ambiente. Por tanto, mantienen plena vigencia las conclusiones del Informe del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, la carta de diecisiete embajadores comunitarios sobre la misma cuestión, los informes del Sindic de Greuges, y el clamor de un número cada vez mayor de ciudadanos avergonzados por la situación que han creado aprendices de brujo y políticos deshonestos.

AUN presentará comentarios más detallados cuando conozca el texto enviado al Parlamento Europeo por el Consell, del que hasta ahora sólo ha tenido conocimiento por la prensa.

Basta ya de propaganda, mentiras y buenas palabras. Exigimos soluciones ya.

BLASCO EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS.

2004-11-25T18:35:00.000+01:00

ASOCIACIÓN VALENCIANA

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS

HUMANOS, MEDIOAMBIENTALES Y

EN CONTRA DE LOS ABUSOS URBANISTICOS

(Abusos Urbanisticos No)

aun@abusos-no.org

CIF: G-53712766

Buzon 24, Urb. Bellavista

03720 BENISSA (ALICANTE)

Telf: 96.649.7879

COMUNICADO A LA PRENSA

Benissa, 25 de noviembre de 2004

BLASCO EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS.

Tratando de desactivar el clamor nacional e internacional contra los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, el conseller de Territorio y Vivienda, D. Rafael Blasco, se ha dirigido a los cónsules de varios países europeos para proclamar las bondades del régimen urbanístico valenciano, asegurando que no hay discriminación alguna contra los ciudadanos extranjeros, y que si hay algún problema, es por culpa del gobierno central.

La plataforma Abusos Urbanísticos NO (AUN) desea hacer las siguientes puntualizaciones:

Por segunda vez en seis meses, el Síndic de Greuges se ha visto obligado a realizar un informe especial sobre el urbanismo valenciano, para dejar claro que el anteproyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV) sólo recoge cinco de sus recomendaciones, mientras que rechaza cuatro de ellas, y acepta sólo de forma parcial otras cuatro.

Las recomendaciones del Síndic de Greuges suponen el mínimo indispensable para defender de forma adecuada los intereses de los afectados. Ello implica que la LRAU actualmente en vigor pisotea los derechos de los propietarios afectados, como es cada vez más público y más notorio. Dado que en la nueva legislación se rechazan total o parcialmente ocho de las trece recomendaciones del defensor del pueblo valenciano, está claro que esta legislación tampoco protegerá a los afectados por los procesos de urbanización. Por cierto, que la inmensa mayoría de las quejas recibidas por el Síndic de Greuges provienen de ciudadanos españoles.

Por muchas cortinas de humo que se quieran seguir lanzando, mantienen plena vigencia las conclusiones del Informe del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, y la carta de diecisiete embajadores comunitarios sobre la misma cuestión.

Sorprende que, siendo el urbanismo una competencia exclusiva de la Comunidad Valenciana, se eche la culpa de la situación a las leyes nacionales. Léase el informe del Síndic y se verá cómo otras comunidades autónomas regulan el urbanismo sin provocar abusos y sin distorsionar el concepto de interés público.

El conseller pretende reducir el problema a la falta de información a los afectados, con lo que la solución sería informarles de manera adecuada. Sin embargo, se trata sólo de una parte del problema, que, aun siendo muy importante, no es la fundamental.

Sigue sin respetarse ni la legislación europea ni la española sobre contratación pública. Se aprueban presupuestos desorbitados, sin posibilidad de control por el ciudadano “beneficiario” que es el que al final ha de pagarlos. Ello supone un auténtico incentivo a la depredación del territorio y del patrimonio de los afectados, porque el terreno sale prácticamente regalado y no hay forma de controlar los costes de urbanización. Pese a los retoques cosméticos, mantienen plena vigencia los argumentos de la denuncia contra la LRAU que presentamos en julio ante la Comisión Europea por violación de la normativa comunitaria sobre contratos públicos.

Otros problemas que subsisten son: el Agente Urbanizador continúa siendo el beneficiario absoluto de la ley, sigue la puerta abierta a los abusos en la valoración del suelo a efectos de retribución de los costes de urbanización, las garantías exigidas al urbanizador siguen siendo insuficientes, sigue sin controlarse la solvencia de los urbanizadores, generalmente empresas creadas a tal fin con capitales exiguos, sigue sin haber audiencia pública a los propietarios del suelo antes del desarrollo de cualquier programa, las cesiones obligatorias de terrenos continúan siendo aleatorias, sin que existan criterios objetivos, y también sigue sin haber criterios objetivos para definir la utilidad pública o el interés social que justifican los programas de actuación.

Ya esta bien de esgrimir el argumento de la discriminación contra ciudadanos extranjeros, que nunca hemos denunciado desde nuestra plataforma. Lo que denunciamos es el desprecio total de los derechos de los afectados por los procesos urbanísticos, españoles y extranjeros, con independencia de su nacionalidad.

Por mucho que se empeñen en jugar con las palabras, las víctimas de los abusos urbanísticos no somos “beneficiarios” de la actividad urbanizadora. Ya nos gustaría dedicar nuestro tiempo a disfrutar de tales “beneficios”. Seguimos siendo afectados y víctimas mientras no se derogue la LRAU y se modifique sustancialmente la LUV.”

Basta ya de propaganda y de buenas palabras. Los embajadores comunitarios se dirigieron en 2002 al entonces presidente Olivas para denunciar la situación, y nada se ha hecho para atajar los abusos. Exigimos soluciones ya.

Charles Svoboda Enrique Climent Laguarda

Presidente Vicepresidente

Valencia: Urban development or scorched earth?

2004-10-17T18:07:00.000+02:00

On 27 July 2004, the European Parliament Petitions Committee approved the report made by the delegation of MEPs who came to the Valencian region to investigate on-the-spot the urban abuse denounced by our association. This support from a European Union Institution was very gratifying. However, as Spanish nationals or residents, we can only express our heartfelt frustration at the seeming incapacity of the Spanish state of law to put a stop to these outrages leaving a ten-year old situation unchanged.

The first conclusion of the European Parliament report leaves no room for doubt: "A moratorium should be decreed on any proposed new land developments in the Valencia region until the existing legislation is adapted to conform with European legislation and the fundamental rights of European citizens to their property".

Days later, the Consell took a legally surprising step. It recommended that town halls no longer apply the law in force, but rather the provisions of the draft law which is to replace it. This is all the more surprising given that not only has the new law not been passed; the proposed bill has not even been laid before the Cortes (Valencian parliament).

This leaves us rather disconcerted. Since when does a government recommend the non-enforcement of a law instead of simply repealing it? Is it a question of voting power? Not at all. Not only does the government have an absolute majority: it would appear all the opposition groups are in favour. In other words, given the motivation, the Cortes can derogate the LRAU. So why don’t they do it? Mysteries of Valencian urban and rural development.

Has the recommendation had any practical effect? A first glance suggests not. However, a more careful look reveals that the Consell’s recommendation has knocked on. All those who are riding the LRAU gravy train know that very soon they will have to get off: so as much gravy and as fast as they can swallow it. Following best practice, Valencian town halls devote August to fast-lane approval of development projects, so that not one square metre is left unplundered, ensuring the rape of the environment and the looting of whatever small capital small property owners have left. Maximum booty before a new law comes in.

Obviously, this August zeal has its purpose. It is the best moment to ensure minimum transparency, citizens’ exclusion and total defencelessness. The justice machine sleeps in August, most lawyers are on holiday, so the chances for any LRAU victim to exercise the very minimal rights accorded to him/her to try to save house and land are not too good. All this orchestrated in the bright light of day, so that the LRAU urbanizador can use his prerogatives to grab as much land as possible from the supposed "beneficiary" of all these good works.

Having trouble believing all this? Think it is the ravings of retired, foreign story-mongers, who in bad faith protest against progress, then benefit from the huge pickings the nice developer man has generated for them? Well, here is a typical Valencian tale of woe, and it is only one of many LRAU horror stories.

A Spanish national living in the Valencian Community went on holiday at the beginning of August 1996 in the firm belief he owned a house on 15,000m2 of land. In September, on his return, he found that house and land no longer belonged to him and that he had been adjudicated 3,000m2 a long way away. His land was needed in the public interest …. to build a golf course.

Article 71.3 of the LRAU stipulates that the existing owner should remunerate the urbanizador with part of his land. However, should he wish to keep his land and pay the "urbanisation charges" in cash, then he must make this known by means of a legalized deed within the ten days following the approval of the development project. However, this trickster law allows the following: there is no obligation in the LRAU to inform the property owner of the date of approval of the plans affecting his land. The notice period, the countdown on the ten days, starts when the town hall authorizes the plan, not when the town hall notifies the affected owner. In other words, the former happy owner of house, land and possibly a savings account, now has to go to the town hall every day to try to find out if a project is about to take everything from him.

By approving plans in August, the town hall makes doubly sure that the victim has no chance of complying with the deadlines. In this case, the "beneficiary" lost 6,000m2 which landed in the hands of the urbanizador. The case was taken before the courts in 1997, with the request that the "Tribunal Superior de Justicia" of the Valencian region raise the question of the unconstitutional defencelessness of the victim, but this was never brought before the Tribunal Constitucional.

Is this normal in a State of Law?

Let us look at it from another angle. The citizen whose house and land became part of a golf course went on holiday thinking his right to property was protected by Article 33.3 of the Spanish Constitution.

Then along comes Article 58.3 of the LRAU and states: "lleva implícita la declaración de la utilidad pública o del interés social, a efectos de expropiación o de imposición forzosa de servidumbres, de los bienes, los derechos y los intereses patrimoniales legítimos". (unofficial translation: "implicit declaration of public utility or social interest, in light of expropriation or forcible imposition of services, goods, rights and rightful heritage")

Obviously there is some confusion here. Surely the town hall is obliged to justify the public utility or social interest? Or there must be some objective parameters to define what constitutes social interest? Or there is an authority which determines if this exists or not?

Well, fellow citizen, the answer is "no". The town hall is not obliged to justify public utility or social interest, there are no objective criteria to define these concepts and there is no lawful body keeping an eye on what the town hall gets up to. Quite the contrary. Although the Generalitat is supposed to be the watchdog, since it gives plans the final go-ahead, Article 40.2 of the LRAU stipulates that: "las resoluciones autonómicas sobre la aprobación definitiva, nunca cuestionarán la interpretación del interés público local formulada por el municipio desde la representatividad que le confiere su legitimación democrática". (unofficial translation: "autonomous resolutions relating to final approval, will never put in question the interpretation of local public interest laid down by the municipality in light of the representativity conferred on it by its democratic legitimacy.")

What a shame that reality has refused to play the part assigned to it by the legislators of the LRAU, and that, from time to time, turncoats cross the floor (with the best intentions, of course), their action depending on the public works adjudication. Then there are councillors, who without changing party allegiance, quite simply use their democratic mandate to line their pockets. Has nobody noticed that, in the European Parliament report, there is open reference to the rumours of political corruption and connivance between town halls and developers? It is time to investigate all this, starting with the external signs of wealth of certain mayors and those councillors responsible for urban development.

We would like to end on a lighter note. Thanks to the LRAU and its particular definition of public interest, one of these days some cocky town council, in an effort to attract tourists, decides to build a theme park called "The Land of Make Believe". As they have the absolute majority, they push this through with no problem. Now, as they don’t particularly care for the leader of the opposition who criticises their doings from time to time, they use the public utility or social interest clause to knock his house down and build a pavilion in honour of our beloved Lola Flores. The Generalitat can’t object, the mayor’s team has the public mandate, and as for the courts… With a bit of luck, the unfortunate opposition leader wins his court case before ten years is up. However, by then, the poor man is in an old folk’s home, the urbanizador has changed his legal identity many times over, the theme park has gone bust, and, surprise, surprise, the land is now covered with rows and rows of terraced houses. And they all lived happily ever after.

How does that grab you?

El urbanismo valenciano: ¿moratoria o tierra quemada?

2004-10-17T15:57:00.000+02:00

EL PAÍS - C. Valenciana - 17-10-2004

Charles Svoboda y Enrique Climent pertenecen a la plataforma Abusos Urbanísticos No

El pasado 27 de julio, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó un informe de la delegación de eurodiputados que se desplazó a la Comunidad Valenciana para investigar sobre el terreno los abusos urbanísticos denunciados por nuestra asociación. Es una satisfacción encontrar una institución de la Unión Europea que se haga eco de nuestras demandas, pero como ciudadanos españoles o como residentes en España, tenemos que dejar constancia de nuestra profunda frustración porque el Estado de Derecho español no haya sido capaz de poner coto a los desmanes, y siga dejando que se desarrolle una situación que dura ya casi diez años.

La primera conclusión del informe del Parlamento Europeo no se presta a confusiones: "Debe decretarse una moratoria sobre toda nueva actuación urbanística propuesta en la región valenciana hasta que la legislación vigente se adapte y sea conforme con la legislación comunitaria y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos con respecto a sus propiedades".

Pocos días después, el Consell adoptó una medida sorprendente desde el punto de vista jurídico: recomendó a los ayuntamientos que no apliquen la ley en vigor, sino los principios del proyecto de ley llamado a sustituirla. Lo curioso del caso es que la nueva ley, no sólo no se ha aprobado, sino que ni siquiera ha sido enviada a las Cortes Valencianas.

Perdonen nuestra perplejidad, pero ¿dónde se ha visto que un Gobierno recomiende no aplicar una ley vigente en vez de derogarla? ¿Les faltan votos para ello? Ni mucho menos. No sólo tienen la mayoría absoluta: es que todos los grupos de la oposición parecen estar de acuerdo. O sea, que si decidieran dar el paso adelante, las Cortes Valencianas derogarían por unanimidad la LRAU. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Misterios del urbanismo valenciano.

¿Ha tenido algún efecto práctico la recomendación? A primera vista, parece que nadie se da por enterado. Pero si profundizamos un poco en el análisis nos damos cuenta de que, gracias a la recomendación del Consell, todos y cada uno de los pescadores en el río revuelto del urbanismo valenciano han recibido notificación fehaciente de que el chollo de la LRAU se tiene que acabar (cuanto más tarde, mejor, por supuesto), y que para rematar la faena hay que ponerse las pilas. Así que, siguiendo sus mejores tradiciones, algunos ayuntamientos valencianos han dedicado el mes de agosto a aprobar planes urbanísticos de forma desenfrenada, no vaya a ser que quede algún metro cuadrado de terreno sin urbanizar a saco (es decir, a la manera de la LRAU, saqueando el medio ambiente y saqueando los patrimonios de los pequeños propietarios) cuando por fin llegue la nueva ley urbanística valenciana.

Por supuesto que la elección de aprobar los proyectos en agosto no es inocente: es un regalo que ciertos ayuntamientos hacen a los afectados, para facilitar la transparencia, la participación ciudadana y el derecho a la defensa. Como los juzgados cierran en agosto y la mayoría de los abogados eligen este mes para pasar sus vacaciones, así se garantiza que los afectados puedan presentar sus alegaciones o defender sus derechos en tiempo y forma, debidamente asistidos por sus letrados, que a lo mejor están a cinco mil kilómetros de distancia. Con un poco de suerte, los ciudadanos no podrán ejercer los escasísimos derechos que la LRAU reconoce a los propietarios de viviendas y terrenos. Todo está orquestado para que el urbanizador, en uso de lo que la LRAU llama sin tapujos sus "prerrogativas", pueda apoderarse de más terrenos del supuesto "beneficiario" de la actividad urbanizadora.

No se lo creen, ¿verdad? Piensan que esto son desvaríos de una pandilla de exagerados, jubilados y extranjeros, que no hacen más que protestar contra el progreso, cuando en realidad están recibiendo como regalo del urbanizador enormes plusvalías al urbanizar sus terrenos. Pues la historia que viene a continuación ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, y no es más que una gota en el océano de abusos urbanísticos que se han desarrollado al amparo de la LRAU.

Un ciudadano español residente en la Comunidad Valenciana se fue de vacaciones a principios de agosto de 1996, siendo propietario de una finca de 15.000 metros cuadrados que incluía una vivienda. Al volver, a primeros de septiembre, descubrió que ni la vivienda ni el terreno le pertenecían: a cambio le habían adjudicado 3.000 metros cuadrados en otra zona, distante de su finca inicial, porque el interés público exigía que en su propiedad se construyera un campo de golf.

El artículo 71.3 de la LRAU indica que el propietario debe en principio remunerar al urbanizador con parte de sus terrenos. Pero si quiere quedarse con sus terrenos y abonar la cuota de urbanización en metálico, debe notificar su solicitud mediante documento público dentro de los diez días siguientes a la aprobación del proyecto de urbanización. Obsérvese cómo funciona la ley del embudo: el ciudadano tiene que notificar su solicitud mediante documento público; sin embargo, la LRAU no exige que se notifique al propietario la aprobación del proyecto de urbanización que afecta a sus terrenos: el plazo empieza a correr desde que el Ayuntamiento aprueba el plan, no desde que el Ayuntamiento notifica al afectado. En otras palabras: la LRAU exige al ciudadano "beneficiario" que, en vez de recordar aquellos tiempos felices en los que creía tener una casa, un terreno y un patrimonio, se dedique a cosas más útiles: a acercarse por el Ayuntamiento un día sí y otro también, a ver si consigue enterarse de la aprobación del proyecto que le afecta.

Por supuesto que el Ayuntamiento en cuestión tenía el máximo interés en defender los intereses de los ciudadanos afectados. Precisamente por eso aprobó el proyecto en agosto y no lo notificó al "beneficiario", que gracias a esta actuación municipal perdió 6.000 metros cuadrados de terreno urbanizado, que pasaron a manos del urbanizador. El asunto fue sometido a los tribunales de justicia en 1997, y se pidió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que planteara una cuestión de inconstitucionalidad por indefensión, pero no ha sido formalizada ante el Tribunal Constitucional.

¿Estamos o no ante una quiebra del Estado de Derecho?

Veámoslo desde otro ángulo. El ciudadano que perdió su casa y su finca para que hicieran un campo de golf se fue de vacaciones pensando que la Constitución Española protegía su derecho a la propiedad privada, ya que el artículo 33.3 de nuestra Carta Magna establece que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes".

Bueno, pues ahí viene el artículo 58.3 de la LRAU y nos dice que la aprobación definitiva de los planes de urbanización "lleva implícita la declaración de la utilidad pública o del interés social, a efectos de expropiación o de imposición forzosa de servidumbres, de los bienes, los derechos y los intereses patrimoniales legítimos".

Vamos a ver. Aquí tiene que haber alguna equivocación. El Ayuntamiento estará obligado a justificar la utilidad pública o el interés social, ¿no? O habrá unos criterios objetivos para delimitar en qué consiste el interés social. O habrá alguna instancia que pueda controlar el interés social, ¿no?

Pues no, querido ciudadano. El Ayuntamiento no está obligado a justificar la utilidad pública o el interés social, no hay criterios objetivos para definir el interés social, y no hay posibilidad de control de la actuación municipal. Todo lo contrario. Aunque la Generalitat tiene una cierta facultad de tutela, ya que aprueba definitivamente los planes municipales, el artículo 40.2 de la LRAU indica que "las resoluciones autonómicas sobre la aprobación definitiva, nunca cuestionarán la interpretación del interés público local formulada por el municipio desde la representatividad que le confiere su legitimación democrática".

Qué lástima que la realidad no haya tenido el detalle de adaptarse a los deseos de los redactores de la LRAU, y que de vez en cuando haya tránsfugas que cambien de representatividad (por motivos altruistas, por supuesto), o que varíen su legitimación democrática en función de la empresa a la que se adjudica el programa. O ediles que, sin necesidad de cambiarse de partido, se sirvan de la legitimidad democrática para defender pura y simplemente sus intereses particulares. Por cierto ¿no se ha dado nadie por enterado de que en el informe del Parlamento Europeo se habla abiertamente de los rumores sobre corrupción política y vínculos entre urbanizadores y autoridades locales? ¿Cuándo empiezan a investigar? Si nos permiten la sugerencia, comiencen por los signos externos de riqueza de ciertos alcaldes y ciertos concejales de urbanismo.

En fin, intentaremos terminar con una nota de humor. Gracias a la LRAU y a su definición del interés público, el día menos pensado nos aparece un Consistorio aflamencado que, para aumentar el interés turístico de su pueblo, decide construir el parque temático Folclóricas Míticas. Como tienen la mayoría absoluta, lo aprueban sin más dilaciones, y como la aprobación lleva implícita la declaración de utilidad pública o interés social a efectos de expropiación, y el jefe de la oposición les cae regular porque de vez en cuando los critica, pues le tiran la casa al susodicho opositor para construir allí el pabellón de nuestra admirada Lola Flores. La Generalitat no puede decir nada (cuestión de legitimación democrática...), y los tribunales... A lo mejor, con un poco de suerte, el afectado consigue una sentencia favorable antes de diez años. Pero, para entonces, el líder de la oposición estará en el asilo, el urbanizador habrá cambiado varias veces de personalidad jurídica, y en los terrenos de lo que fue el parque Folclóricas Míticas (que dio en quiebra, por supuesto), habrán construido preciosas colmenas y fantásticas filas de adosados. Y para pedir cuentas, al maestro armero.

¿No es para salir corriendo?

DE LAS VICTIMAS DE LOS ABUSOS URBANISTICOS AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

2004-09-24T15:53:00.000+02:00

Diario INFORMACION, 24 de septiembre de 2004.
( Carta entregada en mano el día anterior al Presidente del Gobierno en la Universidad de Alicante por dos miembros de Abusos Urbanísticos NO )

CHARLES SVOBODA, ENRIQUE CLIMENT (Abusos Urbanísticos NO)

Excmo. Sr. D.
José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno

Sr. Presidente:

En nombre y representación de la Asociación “Abusos Urbanísticos No (AUN)”, que agrupa a cerca de veinte mil afectados por los abusos a que ha dado lugar la aplicación de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística en la Comunidad Valenciana (LRAU), tenemos el honor de dirigirnos a Ud. para denunciar una muy seria quiebra del Estado de Derecho en la Comunidad Valenciana, que está convirtiendo la vida de muchos pequeños propietarios en una auténtica pesadilla.

Una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó la Comunidad Valenciana en mayo del presente año. Su informe de 6 de julio de 2004, cuya copia adjuntamos, avaló las denuncias sobre abusos urbanísticos en la Comunidad. Acompañamos también copias de algunos de los muchos artículos publicados en la prensa nacional e internacional sobre este tema, que ha sido también tratado por canales de televisión como CNN, BBC, ITV, ARD, ZDF y muchos más.

El informe del Parlamento Europeo constata que "ninguna de las víctimas ha logrado obtener satisfacción alguna a través de los tribunales". Consideramos que ello supone un funcionamiento irregular de las instituciones del Estado Español, y le rogamos en consecuencia que tenga a bien intervenir en defensa de los derechos que la Constitución Española garantiza a los pequeños propietarios, y que son sistemáticamente conculcados en la Comunidad Valenciana al amparo de la LRAU.

Se trata de una cuestión que afecta a los derechos básicos de los ciudadanos, en la que nuestro peor enemigo es la incredulidad, ya que nadie cree que esto pueda suceder en el siglo XXI, en un Estado de Derecho con una Constitución democrática. Y sin embargo, sucede. Entendemos que la forma más clara de explicar la situación es el siguiente ejemplo, no por descabellado menos gráfico.

Si la finca menorquina en la que pasó usted sus vacaciones de verano estuviera situada en la Comunidad Valenciana, un promotor podría proponer al ayuntamiento competente un plan para construir en sus terrenos la urbanización “Menorca Hills”, acompañada quizás de un campo de golf. Sin necesidad de ser propietario de un palmo de terreno, y sin necesidad de notificar personalmente al legítimo propietario. Si el ayuntamiento aprobara dicho plan (o el plan alternativo presentado por otra empresa, para construir “Los oasis de Menorca”), el propietario de la finca debería ceder al ayuntamiento un 50% de sus terrenos para dotaciones (que puede llegar hasta un 85% si el proyecto incluye campo de golf).

No hay obligación alguna de respetar las construcciones existentes, ni derecho alguno de sus propietarios a exigir que se respeten. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la finca hay una bella casa solariega, asumamos que el urbanizador decide mantenerla en pie. Pues bien: para conservar la casa y lo que quede de los terrenos, el propietario debería pagar una cuota de urbanización muy elevada, fijada de común acuerdo entre urbanizador y ayuntamiento, sin competencia ni transparencia. Dicha cuota de urbanización podría incluir, “por interés público”… el coste del campo de golf. Y si no pudiera hacer frente al pago de dicha cuota, debería ceder aún más terrenos (en algunos casos, hasta un 35% de su propiedad, que se suma al 50% ya cedido antes). Todo ello, sin necesidad de notificación personal al propietario afectado. Sesudos profesores universitarios y políticos poco escrupulosos llaman a eso “crear ciudad”, y a la víctima de tales desmanes la consideran “beneficiario de la actividad urbanizadora”.

Conocemos el caso de una familia que se fue de vacaciones a principios de agosto de 1996 siendo propietarios de una finca de 15.000 metros cuadrados con una vivienda solariega. Al volver, a primeros de septiembre, descubrieron que ni la vivienda ni el terreno les pertenecían: a cambio les habían adjudicado 3.000 metros cuadrados en otra zona, distante de su finca inicial, porque el interés público requería que en su propiedad se construyera un campo de golf. La LRAU no exige notificación personal, y el ayuntamiento no les notificó la aprobación del plan de urbanización, por lo que no pudieron ejercitar la facultad de pagar en metálico en lugar de en terrenos. Con ello perdieron 6.000 metros cuadrados de terreno urbanizado, que pasaron a manos del Urbanizador. El asunto fue sometido a los Tribunales de Justicia en 1997. Se suscitó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad por indefensión, que no ha sido formalizada ante el Tribunal Constitucional. La casa no existe. El campo de golf sí. Y el abuso urbanístico también.

Entendemos que la LRAU viola las garantías constitucionales que protegen derechos fundamentales como el derecho a la propiedad privada, el derecho al domicilio, el derecho a un proceso justo, el derecho de defensa, o el derecho de audiencia en las actuaciones administrativas. Lamentamos que el Tribunal Constitucional no haya tenido hasta ahora ocasión de constatarlo, pues declaró inadmisible por razones formales la cuestión de inconstitucionalidad que planteó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana^{^[1]}, y desde entonces ningún otro tribunal valenciano ha enviado al Constitucional ninguna de las muchas cuestiones de inconstitucionalidad suscitadas por las defensas de las víctimas.

Así las cosas, nos hemos visto en la obligación de recurrir a instancias fuera de España. A la espera de poder acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hemos presentado varias peticiones al Parlamento Europeo, así como varias quejas a la Comisión Europea (queja nº SG(2004) A/7549/2 por violación de las directivas comunitarias sobre contratos públicos, valiéndonos del ejemplo de unos proyectos de urbanización presentados en San Juan de Alicante, y otras quejas por violación de las directivas sobre protección medio ambiente).

Sr. Presidente del Gobierno, los ciudadanos españoles y extranjeros que somos víctimas de los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana no podemos aceptar que sea imposible encontrar una solución rápida y justa a estos problemas dentro del sistema jurídico español. No entendemos esta quiebra del Estado de Derecho, y confiamos en que tome usted la iniciativa para resolverla, restaurando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Agradecemos por anticipado su intervención.

Reciba un respetuoso saludo.

Charles Svoboda (Presidente), Enrique Climent (Vicepresidente).

Abusos Urbanísticos NO (AUN)

El urbanismo valenciano y el crecimiento de Sant Joan

2004-09-09T18:13:00.000+02:00

TRIBUNA: TERRITORIO CHARLES SVOBODA Y ENRIQUE CLIMENT

Los autores explican su rechazo al proyecto de urbanizar dos millones de metros cuadrados en la localidad alicantina al amparo de la Ley Reguladora de Actividad Urbanística

Charles Svoboda y Enrique Climent son el presidente y el vicepresidente de la asociación Abusos Urbanísticos No.

EL PAÍS - C. Valenciana - 09-09-2004

Desde hace más de nueve meses, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant tiene sobre la mesa nueve planes urbanísticos que proponen urbanizar dos millones de metros cuadrados en la Partida de Fabraquer, última reserva de huerta y suelo rústico que le queda al municipio, para construir viviendas donde alojar a cerca de 30.000 personas, triplicando así la población actual de Sant Joan.

Este proyecto ha recibido la oposición frontal de la mayoría de los vecinos afectados, así como de colectivos ecologistas. Además, desde la Asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) lo hemos denunciado ante la Comisión Europea por infracción de las normas europeas sobre contratos públicos, al considerarlo un ejemplo perfecto de la forma en que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU, o ley del suelo valenciana) permite la violación de las directivas europeas en la materia.

El Ayuntamiento de Sant Joan ha declarado en repetidas ocasiones que, dada la importancia y magnitud del proyecto, la decisión sería tomada sin prisas, y ha reiterado sus ofertas de diálogo a los sectores implicados. Sin embargo, no nos consta que haya habido ninguna reunión del ayuntamiento con la Asociación de Vecinos de Fabraquer ni con Abusos Urbanísticos No (AUN) en los últimos meses.

A finales de julio, los promotores explicaron en detalle sus proyectos al ayuntamiento, no a los vecinos afectados, que no fueron invitados. El concejal de Urbanismo declaró en aquella ocasión que "Sant Joan está obligado a crecer", lo que parece indicar que el ayuntamiento se propone adoptar uno de los proyectos, en lugar de ejercer su facultad de no adoptar ninguno (artículo 47 de la LRAU).

Y el ciudadano se pregunta: ¿por qué está Sant Joan obligado a crecer? ¿en qué epígrafe del programa electoral de cualquiera de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales del pasado año se indica a los ciudadanos que Sant Joan está obligado, no sólo a crecer, sino a multiplicar por tres su población, agotando así sus reservas de suelo rústico?

Resulta sorprendente que en la página web del Ayuntamiento de Sant Joan (www.santjoandalacant.es) no se mencione siquiera la existencia de estos proyectos. No dudamos del interés que para los sanjuaneros tiene su equipo de balonmano o el ciclo de títeres y marionetas, pero si hay un tema que de verdad afecta al futuro del pueblo es la urbanización de Fabraquer.

No estaría de más que el ayuntamiento explicara a los vecinos afectados que, antes de empezar a hablar, tendrán que aportar aproximadamente la mitad de sus terrenos para dotaciones. Y esto se aplica por igual a quien tiene terrenos baldíos y deshabitados que a ciudadanos que tienen su domicilio en Fabraquer, en viviendas absolutamente legales y que pagan IBI como vivienda urbana, pero que perderán como mínimo la mitad de sus parcelas. Eso, si no les tiran la casa para construir calles, rotondas o bloques de apartamentos. Y para conservar lo que sobreviva de su vivienda o de su terreno, tendrán que pagar una cuota de urbanización fijada entre el promotor y el ayuntamiento, sin competencia ni transparencia. Sin olvidar que, al final del proceso, el propietario deberá ceder al ayuntamiento otro 10% del solar neto resultante.

El ayuntamiento también podría explicar que las obras que ofrecen los promotores como "regalo al pueblo" (palacio de congresos, centro multiusos, etc.) no son tales regalos, sino un simple engañabobos, que ya no consigue engañar a nadie: el artículo 30.2 de la LRAU habla de estos supuestos regalos del urbanizador, y todo parece muy bonito. Pero luego viene el artículo 67.1.b) de la LRAU a poner las cosas en su sitio: el coste de dichos "regalos" se considera "cargas de urbanización", y ha de ser pagado por los vecinos afectados. Ello supone una perversión del concepto de obra pública urbanizadora, inaceptable desde cualquier punto de vista: si una ciudad necesita un palacio de congresos o un centro multiusos, su financiación debe correr a cargo del presupuesto municipal (con la ayuda, en su caso, de la diputación, la Generalitat o el gobierno central), pero jamás se puede imputar el pago de una obra pública a los contribuyentes que vivan cerca de ella. ¿En qué cabeza cabe que la Ciudad de las Artes y las Ciencias sea pagada sólo por los vecinos de los barrios adyacentes? ¿O que las obras de la Copa América las paguen sólo los valencianos que viven en pisos con vistas al mar?

Así que Sant Joan está obligado a crecer... ¡y multiplicarse! Pues la verdad es que, observando los perpetuos embotellamientos entre Sant Joan, el Campello y Alicante, uno tiene sus dudas. Crecer, sí, pero de forma natural y cuando el crecimiento demográfico de la ciudad lo demande. Crecer por decreto municipal no parece una opción democrática. Ya va siendo hora de preguntarse qué mueve a los ayuntamientos a aprobar planes urbanísticos al margen de la opinión de los ciudadanos a los que se supone que representan. ¿Estamos volviendo a los tiempos de "todo para el pueblo pero sin el pueblo"?

Menos mal que, hasta una ley tan nefasta como la LRAU, tiene sus puntos positivos: el artículo 40.1.b) prevé que la Generalitat deniegue la aprobación de un plan si no respeta el equilibrio urbanístico del territorio, si agota sus recursos o si satura las infraestructuras supramunicipales. Acabar con la última reserva de suelo rústico, ¿no significa agotar los recursos municipales de suelo rústico? Multiplicar por tres la población, ¿no satura aún más las ya saturadas infraestructuras viarias? Por no hablar del suministro de agua potable y la depuración de aguas residuales, respecto de los que parece haber informes "a gusto del consumidor" (o más bien, a gusto del promotor).

Los proyectos urbanísticos de Sant Joan han sido mencionados expresamente en el informe del Parlamento Europeo sobre la situación urbanística en la Comunidad Valenciana. Están también en el punto de mira de la Comisión Europea, y podrían desembocar en una condena de las autoridades comunitarias al Reino de España. El Ayuntamiento de Sant Joan se vería así enzarzado en interminables litigios, que podrían arruinar a perpetuidad las arcas municipales para pagar indemnizaciones a propietarios, a urbanizadores, e incluso a especuladores. Esperemos que se imponga el buen sentido.

La LRAU ha destrozado las vidas y haciendas de muchas familias en la Comunidad Valenciana, españolas y extranjeras, humildes y acomodadas, y va llegando el momento de decir ¡Basta ya!. La mayor aspiración de nuestra asociación es disolverse lo antes posible, una vez que se restablezca el orden, la legalidad y un mínimo de racionalidad en el urbanismo valenciano. Después de años de incredulidad, desprecio y ninguneo, empezamos a ver la luz al final del túnel: el demoledor informe del Parlamento Europeo ha despertado muchas conciencias, y tenemos la intención de despertar muchas más, hasta acabar definitivamente con esta vergüenza. El Síndic de Greuges ha apoyado muchas de nuestras reivindicaciones. La Generalitat ha lanzado una tímida e insuficiente recomendación, que deja claro hasta qué punto llevamos razón al denunciar los abusos que provoca la aplicación de una ley... que el propio gobierno recomienda no aplicar.

Esperamos aún mucho más del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía Anticorrupción, del President de la Generalitat, del gobierno central, de nuestros diputados autonómicos, de nuestros diputados y senadores nacionales... No vamos a dejar de llamar a ninguna puerta, y no vamos a dejar de exigir ninguna responsabilidad.

Para terminar, recordaremos que los afectados por proyectos de urbanización somos en muchas ocasiones víctimas de un auténtico acoso moral, y los tribunales se muestran cada vez más dispuestos a condenarlo. Por sorprendente que resulte en un Estado de Derecho miembro de la Unión Europea, se nos llega a exigir que desplacemos forzosamente nuestro domicilio para favorecer pelotazos inmobiliarios. Evidentemente, no lo vamos a permitir, y desde aquí anunciamos que estamos lanzando nuevas vías de defensa de nuestros intereses. Vamos a solicitar el amparo del derecho constitucional al domicilio y a la propiedad privada, y vamos a exigir que cesen las perturbaciones de la pacífica posesión de nuestras viviendas. Igualmente, estamos preparados para exigir la responsabilidad personal, tanto civil como penal, de los ediles que voten a favor de proyectos urbanísticos que afecten a viviendas consolidadas, perturbando así nuestro derecho constitucional al domicilio y a la propiedad privada.

Y nos gustaría explicar al Presidente Zapatero que, si la finca menorquina en la que ha pasado sus vacaciones estuviera situada en la Comunidad Valenciana, cualquier avispado promotor la convertiría en adosados y apartamentos con la ayuda de algún ayuntamiento "abierto al progreso" y dispuesto a "crear ciudad". ¡Viva el desarrollo sostenible!