Levante 17 8 2005

'Perro nuevo, collar viejo' (New dog, old tricks)


CHARLES SVOBODA Y ENRIQUE CLIMENT - ABUSOS URBANISTICOS NO

Lo primero que cabe exigir de una legislación reguladora del urbanismo valenciano (LUV) es que cumpla con las leyes europeas en lo que a Derechos Fundamentales se refiere, y con las regulaciones de los tratados en que el Reino de España es signatario, tales como la Convención Europea sobre Derechos Humanos o la Carta de Libertades Fundamentales, e igualmente en lo referente a contratos públicos, mantenimiento del medio Ambiente y Paisaje, o respeto a la propiedad. Sin embargo, la ley urbanística valenciana que pronto se debatirá en las Cortes muestra escasos avances en todos estos ámbitos, aparece como mera continuación de la anterior (LRAU) y mantiene similares intereses y fines.

En este sentido, aunque la Conselleria de Territorio y Vivienda habla en la LUV de «urbanismo social», lo cierto es que no puede existir tal urbanismo social mientras el artífice legal del proceso urbanístico siga siendo el «agente urbanizador», con la bendición del ayuntamiento de turno. Todos los atropellos cometidos por la aplicación interesada de LRAU lo han sido por el tandem ayuntamiento/agente urbanizador, y ahora con la nueva ley se quiere reforzar la posición de los ayuntamientos y dejar a los urbanizadores con amplias prerrogativas.

La nueva Ley continúa igualmente sin respetar los derechos de los propietarios. El tan celebrado Estatuto del Propietario sólo habla de obligaciones o más bien deberes, no menciona un solo derecho, salvo el de cumplir la obligación de atender las cuotas de urbanización, mientras que cuando se refiere al agente urbanizador, sí se los reconoce y define como «prerrogativas». De este modo, igual que sucedía con la LRAU, se sigue tratando igual de mal a los propietarios, ya sean españoles o de otras nacionalidades, pues en esto no hacen discriminación.

La exposición de motivos del proyecto de Ley de la LUV específica «la necesidad de crear una ciudad más sostenible..., a través de la cual se planifica o define el modelo urbanístico de ciudad y lo desarrolla con la participación de los propietarios». Hay una continua referencia al desarrollo de la ciudad, pero en ningún lugar se hace mención del desarrollo urbanístico de áreas residenciales apartadas de las ciudades, en suelos rústicos de los llamados «no urbanizables» y cuyo desarrollo no cumple ningún principio de interés social o de utilidad pública, salvo el de favorecer a los grandes promotores-especuladores, que buscan un mercado entre colectivos que puedan permitirse adquirir este tipo de segundas residencias (en la publicidad se califican «de lujo»). Esto crea una doble disfunción social: por un lado, priva de su propiedad a pequeños propietarios y les hace pagar el desarrollo urbanístico (de lujo). Por el otro, establece núcleos de población estacional de los llamados de alto standing y que ahondan las diferencias sociales.

También se dice que una de las mejoras introducidas en el proyecto de LUV es la extensión del plazo para optar entre el pago en metálico o en terrenos de las cargas de urbanización de 10 días a 2 meses. Pero esta buena noticia no lo es tanto si consideramos que al propietario afectado que desee pagar en metálico la nueva ley le exige una fianza o aval bancario a favor del urbanizador, y además lo tiene que solicitar mediante escritura pública... Curiosa forma de defender los intereses de los propietarios, y curiosa manera de tratar a alguien que en ejercicio de sus derechos en un país democrático decide pagar en moneda de curso legal. Es la primera vez que vemos que en una ley se ponen trabas al pago en metálico.

Dice el Sr. Blasco que la nueva Ley, refiriéndose a los propietarios, «les obligará a costear únicamente los costes de urbanización de los servicios públicos que les afecten directamente». No creemos que esto sea una mejora, es un derecho y por lo tanto no es para echar cohetes, ya que se trata de actuar de acuerdo con los principios de equidad y honestidad que cualquier persona espera de una actuación pública.

Finalmente, frente a las críticas justificadísimas y desconfianza ante este proyecto de la nueva ley, lo que tampoco se puede hacer en los medios de comunicación (como se viene haciendo) es descalificar sin más a todas las personas y entidades críticas, diciendo que no quieren aceptar el desarrollo urbanístico de las ciudades, ni atender el pago de los costes que ayuden al mismo, o que les guían intereses personales. Tales argumentos son una mentira manipuladora y como tal un insulto a todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque el clamor social que arrecia cada vez más a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana no supone otra cosa que una lucha decidida para defender los derechos fundamentales de todos, a la propiedad, al medio ambiente saludable y sostenible, al paisaje y en definitiva a unos condiciones dignas de vida y de bienestar.

A este respecto, cabe recordar al Sr. Blasco la promesa realizada el 15 de julio de 2.004 (hace más de un año), de que el borrador de la nueva Ley no sería pasado a Las Cortes sin tener en cuenta y escuchar las propuestas y peticiones de Abusos Urbanísticos No. Una promesa no cumplida puesto que hace unos dias, en julio de este año, el PP dictaminó el «trámite de urgencia» para aprobar la nueva ley. Se trata de un prueba más del rechazo de los responsables del Gobierno de la Generalitat a todo lo que suponga una mínima participación ciudadana, al contrario que ocurre con las asociaciones profesionales y de promotores y urbanizadores más grandes.