Levante (Opinion) 14 9 2005

Al presidente Camps sobre la LRAU


CHARLES SVOBODA Y ENRIQUE CLIMENT - ABUSOS URBANISTICOS NO

Señor Presidente de la Generalitat Valenciana: Dice su conseller Blasco que las quejas de los afectados por la LRAU son tan respetables como el millón largo de votos que avalan la política urbanística de su partido. Nos gustaría saber cómo se lo va a explicar a los miles de votantes del Partido Popular afectados por abusos urbanísticos, que jamás imaginaron que su voto serviría para avalar políticas urbanísticas que los pueden dejar arruinados y/o sin casa.

No somos nosotros, señor Camps, sino el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, quien dice que en muchos casos «los propietarios son absolutamente ignorados por una connivencia premeditada entre el Ayuntamiento y el Urbanizador, quienes no facilitan ninguna información ni pretenden lograr el consentimiento de los propietarios, sino la rápida apropiación de los terrenos para acometer su urbanización a toda costa, incluso aunque los propietarios, lejos de retener el suelo o especular, quieran gestionarlo» (página 20 de su Informe Especial sobre Urbanismo, noviembre de 2004).

Hemos ido desgranando en sucesivos artículos de prensa nuestras críticas contra la LRAU, sustentándolas con argumentos, y citando las disposiciones concretas de la ley que nos parecen inaceptables. Desde su Gobierno sólo han llegado descalificaciones chuscas. Sin embargo, la Comisión Europea nos ha dado la razón y ha iniciado un expediente sancionador contra el Reino de España, que no será el único. Hay más violaciones del Derecho europeo que esperamos sean constatadas: ayudas públicas, medio ambiente, protección de derechos fundamentales. Señor Camps: ¿Por qué no dejamos de una vez por todas la estéril polémica sobre quién aprobó la LRAU, quién la criticó entonces pero no la ha derogado en diez años, y quién se ha aprovechado de ella? ¿Por qué no empezamos de verdad a mirar al futuro y a proponer soluciones?

Aquí van nuestras sugerencias. Son muy claras y muy concretas, aunque lamentablemente no han tenido cabida en los 264 artículos y dieciocho disposiciones que componen el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), llamada a sustituir a la LRAU:

1. Las viviendas y sus parcelas no se tocan, por mucho que estén en zona rústica-no urbanizable. Para la LRAU no existían, y la LUV no mejora su situación, sino que las sigue supeditando al proyecto del urbanizador y al libre albedrío del ayuntamiento. O sea, que el llamado Estatuto del Propietario de la LUV no es más que un brindis al sol, porque el propietario sigue de rodillas ante el urbanizador y el ayuntamiento. Estamos ante una violación del derecho a la propiedad y al domicilio que no se puede aceptar. Salvo que así lo exija, de forma excepcional, la utilidad pública o el interés social.

2. Establezcamos criterios objetivos claros para delimitar los conceptos de utilidad pública e interés social. Y dejemos bien claro que la utilidad pública o el interés social no pueden amparar en ningún caso la expropiación para construir campos de golf ni urbanizaciones de lujo.

3. Se ha privatizado el proceso de urbanización, poniéndolo en manos de una empresa privada llamada Agente Urbanizador. Sin embargo, ¿Por qué los terrenos siguen sin valorarse a su precio de mercado? ¿Por qué el suelo de Guadalajara se valora, como mínimo, cinco veces más que el de Alicante? Muy sencillo: porque en Castilla-La Mancha rige una ley urbanística inspirada en la LRAU, pero que valora el suelo a precios de mercado. Como tiene que ser. ¿Alguien duda que el valor real del suelo en una zona turística como Alicante es muy superior al de una zona de interior y sin atractivo turístico como Guadalajara? La legislación valenciana, al no tomar en consideración el valor real de los terrenos, perjudica gravemente al propietario del suelo -ya sea un llaurador de toda la vida o un jubilado inglés- y favorece al Agente Urbanizador sin ninguna justificación. ¿Por qué, señor Camps, si se trata de decisiones puramente empresariales, no se aplica la ley de la oferta y la demanda? ¿Por qué se privatiza una función pública pero se sigue colmando de privilegios y prerrogativas a un empresario que defiende su interés privado? Aplíquense las leyes del mercado: quien quiera suelo, que lo compre y lo pague, pero no le pida a papá ayuntamiento o a mamá Generalitat que se lo facilite a precio soviético para que él obtenga beneficios de república bananera.

4. Nadie en Abusos Urbanísticos ¡NO! se niega a pagar su justa contribución a los costes de una urbanización, siempre que sean calculados de acuerdo con las normas españolas y europeas. Al amparo de la LRAU, se adjudican contratos multimillonarios sobre la base de una «estimación, siquiera preliminar y aproximada, de los costes la obra» (artículo 32.D.2º LRAU), y el presupuesto lo pueden modificar al alza el urbanizador y el ayuntamiento sin ninguna medida de control. Así que el sistema actual es una simple coartada para apropiarse del terreno y las viviendas de sus legítimos propietarios a través del incremento interesado y descontrolado de los costes de urbanización, y supone un incentivo para urbanizar sin medida. Así se explican los disparates urbanísticos que afloran por todos los rincones de la Comunidad. Señor Camps: defienda los intereses de todos los ciudadanos y residentes en la Comunidad Valenciana, derogue de una vez una ley que se aprobó para evitar la concentración de suelo en manos de especuladores, pero ha provocado que una decena de promotoras controlen el suelo valenciano. Explíquenos por qué los grandes terratenientes dan siempre el pelotazo mientras que a los pequeños propietarios nos dejan pelados. Mire a los ojos a los afectados por los abusos urbanísticos, empezando por los de su propio partido si así lo desea, y explíqueles dónde están sus plusvalías. Demuéstrenos que de verdad funciona el Estado de Derecho.